Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Hipólito Alatriste Pérez, juez Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, Guerrero, concedió el amparo a Ezequiel Flores Contreras, corresponsal de Proceso, con el objetivo de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) responda si tiene un requerimiento legal en contra del periodista.
El beneficio constitucional quedó registrado bajo el expediente 858/2014 y se fijó para este viernes 22 la fecha para desahogar la audiencia incidental, con el propósito de que las autoridades castrenses remitan un informe oficial sobre este hecho.
La solicitud de amparo fue interpuesta por el abogado Rafael Mendoza Ventura el lunes 18, con el fin de demandar la protección federal del comunicador ante cualquier orden de búsqueda, localización y presentación ordenada por la justicia militar.
Al respecto, el juez federal concedió el amparo y pidió una explicación a la Sedena.
De esta forma se pretende esclarecer el caso del presunto militar que intentó entregar al reportero un citatorio para que compareciera “en calidad de testigo” ante un tribunal castrense, hecho que se dio a conocer públicamente el viernes 15, a través de una nota difundida en el periódico local La Crónica, vespertino de Chilpancingo.
El reporte periodístico indica que la noche del jueves 14 el supuesto agente del Ministerio Público militar, quien se identificó como Israel Martínez, interrogó a vecinos para conocer el domicilio del comunicador.
En una nota publicada el mismo viernes en el portal del semanario, la acción fue calificada como un intento de amedrentar el trabajo periodístico de Ezequiel Flores, corresponsal de Proceso.
Al siguiente día, sábado 16, la organización Artículo 19 emitió una alerta sobre el caso, donde asegura que de corroborarse que un MP militar requiere al reportero del semanario, “se estaría configurando un ataque a la libertad de expresión, toda vez que la publicación de información relacionada con delincuencia organizada no puede ser motivo de investigación o procesamiento judicial”.
También señaló que esta no es la primera ocasión en la que el comunicador es hostigado por autoridades.
En 2013, Flores Contreras fue agredido física y verbalmente por un agente de la Policía Federal (PF). En ese mismo año, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, descalificó y denostó la labor periodística de Ezequiel Flores.
Por ello, Artículo 19 solicita a la Sedena que aclare esta situación y que se desista, en caso de corroborarse que un MP militar requiere al comunicador, de realizar cualquier acto encaminado a afectar la labor informativa de Flores Contreras, pues de lo contrario se establecería un antecedente pernicioso para la libertad de expresión en el país.
