México, 24 de octubre 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Hay aún quienes se niegan a aceptar que los crímenes y el terrorismo de Estado perpetrados por el segundo desgobierno usurpador consecutivo son sistemáticos, y por ende seguirán sucediendo mientras el pueblo organizado no los corra y enjuicie –pues hay que remarcar que un antecedente de justicia hacia los criminales más peligrosos y sanguinarios ayuda a evitar el libertinaje del poder y un próximo derramamiento de sangre, es decir, evita pérdida de vidas y demás crímenes atroces-.
De acuerdo al portal Proceso, el 3 de septiembre 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue denunciada por ejecutar extrajudicialmente a 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Asimismo, el 29 de julio 2016, 10 civiles fueron levantados, entregados al crimen organizado por policías y agentes ministeriales vestidos de civil, ejecutados y quemados en Álvaro Obregón, Michoacán.
Los dos sucesos han sido comparados con el Crimen de Estado en Tlatlaya y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, respectivamente.
En el caso de Nuevo Laredo, el “XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército” fue denunciado por la ejecución extrajudicial de 10 civiles desarmados en los operativos castrenses el primer sábado de septiembre.
La madre de una de las víctimas presentó queja ante la “Comisión Nacional de los Derechos Humanos” (CNDH) que incluye un video donde se observa cómo un grupo de militares dispara sus armas en contra de una camioneta blanca y fotografías de los ocupantes asesinados.
Según el documento de la denuncia, (folio 92413/2016), la señora expuso:
“Mi hijo se había rendido a los militares. Tenía las manos levantadas y pedía que no le dispararan, pero lo mataron a bocajarro. Le destrozaron su cabeza; incluso quedó con medio cuerpo dentro de la camioneta (en la que viajaba).
“Yo no sé qué andaba haciendo mi hijo porque lo veía muy poco, pero si hizo algo malo, los militares debieron detenerlo y presentarlo ante las autoridades para que lo encarcelaran y pagara su culpa. Pero no: los militares lo mataron sin que pusiera resistencia.”
Por su parte, el presidente del “Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”, Raymundo Ramos comenta: “Al parecer, la SEDENA no aprendió la lección de Tlatlaya. El Ejército está aplicando la ley de venganza; todo el que parezca delincuente, va a ser eliminado”.
En cuanto al Crimen de Estado ocurrido en Álvaro Obregón, Michoacán el desgobernador Silvano Aureoles ha tratado de solapar, desinformar y barajar versiones que han ofendido a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, el contradictorio expediente del caso deja entrever que se ocultaron pruebas, se falsearon declaraciones y se intimidó a los testigos del brutal crimen.
Al igual que en el caso de Ayotzinapa, sentencia el portal, las autoridades –en este caso las de Michoacán- difundieron una “verdad” (como la Mentira Histórica) que no convence a las familias de las víctimas.
Según cuatro personas que alcanzaron a resguardarse en el interior de la tienda Los Arcos –adonde llegaron primero tres de las víctimas y después otras siete a comprar cervezas– los municipales llegaron al lugar en sus patrullas y los estatales en autos particulares. Ahí detuvieron a los 10 y los golpearon antes de llevárselos con rumbo desconocido.
Al día siguiente, el 30 de julio, apareció una decena de cadáveres en una camioneta calcinada, con todo y cuerpos.
El desgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se apresuró a desinformar el 1 de agosto que se trató de una “explosión por ordeña de combustible”. Luego reveló que los agentes estaban involucrados, “incluido un elemento de la policía ministerial del estado”. Después sostuvo que “aparecieron indicios” de que el presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, “tenía algunos vínculos con grupos de la delincuencia organizada”.
Con información de Proceso: 1 y 2
