Graco beneficia a particulares en Morelos comprándoles predio 525% más caro de su valor original

Benito Jiménez
Reforma

Morelos, México (23 noviembre 2014).- El Gobierno de Morelos pagará 525 por ciento más por el terreno en el que se construirá el nuevo Congreso estatal.

El predio, de 6 mil 884 metros cuadrados, fue adquirido por particulares el 27 de diciembre de 2013 en 9.3 millones de pesos.

Cuatro meses después, la Administración de Graco Ramírez, sin estudios de avalúo, compró una tercera parte de ese terreno en 20.3 millones de pesos para cimentar ahí el edificio del Poder Legislativo.

En octubre de 2013, el Congreso de Morelos había aprobado un catálogo de obras, entre ellas la de una nueva sede legislativa con una inversión de unos 500 millones de pesos.

El predio fue vendido por María del Rosario Ángeles Susana Guerrero González, a través de su representante legal Carlos García Camacho, a César Alberto Leal Torres, Osmara Marlene Leal Torres y Sharon Issamar Leal Torres, en un 33 por ciento cada uno, y a Julio César Leal Bobadilla, como usufructuario por el 100 por ciento de la propiedad.

Los particulares compraron a mil 351 pesos cada metro cuadrado del denominado Rancho Colorado, en Cuernavaca.

El 22 de abril de 2014, revendieron cada metro cuadrado en 8 mil 440 pesos al Gobierno de Morelos para que cimentara ahí el edificio legislativo, es decir, 525 por ciento más caro.

De acuerdo con las escrituras de compraventa, de las cuales REFORMA posee copia y que se encuentran en la cuenta catastral 1100-03-029-038, el terreno, ubicado en Adolfo López Mateos, en el barrio de La Guadalupita, fue vendido en su totalidad en 9 millones 300 mil pesos.

Cuatro meses después, Leal Bobadilla manifestó su voluntad de transferir al Gobierno del Estado una superficie de 2 mil 415 metros cuadrados, es decir, 35 por ciento de la superficie, en 20 millones 382 mil 600 pesos.

En la parte compradora intervinieron Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda de Morelos, y Carlos Riva Palacio Than, Secretario de Administración.

También los testigos Javier Lenin Mejía Grijalva, identificado como socio de la empresa Inmobiliaria Vecero, S. A de C. V., y Helio Brito Cantú, director general de asuntos contenciosos de la Consejería Jurídica, según el sitio web del Gobierno de Morelos.

En el contrato de compraventa se asienta que el Estado dio un anticipo de 3 millones de pesos, y el resto, 17 millones 382 mil 600 pesos, serían pagados a más tardar el 11 de junio de 2014.

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