María Eugenia Alvarado
Vanguardia
Saltillo, Coahuila.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es el ejemplo de lo que no deben hacer otros estados, dicha ley no garantiza desde el nivel más básico la protección de ellas como son las órdenes de protección.
Lo anterior fue expuesto por el especialista y consultor en seguridad pública y justicia, Julio César Guillén Bonifaz, durante la conclusión del Foro Estatal sobre la Protección a los Derechos Humanos de las Mujeres.
“Es increíble que el Estado no tenga mecanismos ni instituciones ni personal calificado para otorgar órdenes de protección, no puede el Estado garantizar los derechos humanos de las mujeres con respecto a las órdenes de protección y para ello debe existir la ley y las instituciones, pero si volteamos a ver una Ley de Acceso como la que tiene Coahuila es una ley de ejemplo de lo que otros estados no deben hacer”, expuso.
En entrevista dijo que la Ley Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Coahuila fue aprobada con muchísima premura y aunque tomó de ejemplo la Ley federal, se modificaron términos e inventaron otros haciendo complejo el acceso a justicia por parte de las mujeres violentadas.
“Algunos términos que dan concepciones completamente distintas a las establecidas en el marco nacional, como en el caso de violencia psicológica, violencia física o el termino de violencia feminicida que algunos dejaron fuera”, dijo.
Además destacó que un medio de protección importante como lo son las órdenes de protección que incluso previenen el feminicidio, a éstas no se les dio la debida atención ni definición de su implementación.
“Las órdenes de protección son medidas que el Estado adopta para prevenir que ese daño llegue a consecuencias como el feminicidio, es la manera en que pueden sobrevivir a la violencia aunque sea por 72 horas mientras que una autoridad seria toma cartas en el asunto”, explicó.
Dichas ordenes deben ser vistas como un derecho de las mujeres y no tengan que estar suplicando o negociando su obtención ante alguna autoridad, incluso advirtió que el único artículo que habla de éstas es el 41 y no se explica a detalle quién las debe otorgar, cómo se entregarán y quién será el responsable de que se cumplan y por cuánto tiempo de efecto.
“Estamos hablando de proteger con estas órdenes un derecho básico como lo es la vida libre de violencia o como la propia vida”, enfatizó.
El especialista dijo que se entregó un proyecto de mejora a la ley del estado para que se defina claramente la violencia hacia la mujer, tipo y sus alcances, así como se detalle la implementación de las órdenes de protección.
Así como se establezca que las investigaciones sean realizadas desde la perspectiva de género de manera profesional por personal debidamente capacitado en el tema y sobre todo comprometido a resolver con diligencia los casos de agresiones contra las mujeres, pero sobre todo evitar que tengan desenlaces fatales.
En el evento estuvieron presentes organismos e instancias como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila, La Secretaría de las Mujeres, la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar (Unepavif).
Además la organización que encabezó el foro la Fundación Luz y Esperanza, cuya directora es Rosa María Salazar, además de las diputadas actual y electa, Silvia Arellano y Lilia Gutiérrez, respectivamente.
