Verónica Espinosa
Proceso
GUANAJUATO, Gto. (apro).- Las obras de ampliación del Hotel Camino Real de esta ciudad, que ocupan un inmueble construido en el siglo XVII, mantienen confrontados desde marzo pasado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al propietario de la cadena hotelera, el empresario Olegario Vázquez Raña.
En una inspección de rutina, personal del INAH se percató de que se había derribado un muro perimetral del inmueble que antes fue una hacienda de beneficio minero, por lo que procedió a clausurar las obras, amparado en el Reglamento Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
Sin embargo, los propietarios de la cadena hotelera desacataron la medida impuesta por el INAH y continuaron con las obras de construcción de 32 cuartos y más: interpusieron una demanda penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el delegado del organismo, Sergio Tovar, por el presunto delito de “abuso de autoridad”.
Según se desprende de la averiguación previa AP PGR/TO/GTO/1020/2014, actualmente el hotel está a cargo de la Fiduciaria Deutsche Bank México, S.A.
En la respuesta del INAH a la demanda, se consigna que la empresa inició la ampliación del hotel sin solicitar siquiera la autorización del organismo, el cual, subraya, tiene competencia por tratarse de un monumento histórico de la ciudad.
Refiere también que durante la inspección del INAH, los responsables de la obra sólo presentaron los permisos otorgados por el ayuntamiento encabezado por el priista Luis Fernando Gutiérrez Márquez para la construcción de 32 cuartos más y la tala de árboles. El arquitecto responsable de los permisos, Fabián Santibáñez, dijo al inspector del INAH que desconocía que ese organismo tuviera competencia, por lo que incluso se negó a firmar el acta de clausura levantada el 7 de marzo pasado.
El inspector constató que no sólo se había derrumbado parte del muro perimetral, sino que en el interior del inmueble se efectuaban excavaciones que dañarían la estructura de dicho muro.
Nada de eso importó a los propietarios del Hotel Camino Real que continuaron con las obras de ampliación.
El artículo 42 de la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas establece que toda obra en zona o monumento –como en este caso en particular– únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el instituto.
El INAH también acreditó ante la PGR la calidad de monumento histórico de la Hacienda de beneficio de San Javier –ubicada en la salida a Dolores Hidalgo-, misma que en su concepto original se había respetado hasta ahora, al constatarse la permanencia de vestigios como la casa del administrador al frente, los patios, la capilla (ubicada del otro lado de la calle) y el bardeado perimetral oriente.
Incluso, la dependencia federal refirió a la PGR que ya el año pasado los representantes del hotel solicitaron permiso para reconstruir un muro de piedra, “reconociendo así la competencia del instituto”.
En contraparte, los representantes de la empresa han argumentado ante la PGR que el inmueble no es un monumento histórico y que, por lo tanto, el INAH no tiene atribuciones o injerencia para intervenir en la autorización de cualquier obra o modificación que se pretenda efectuar en el mismo.
Ello, a pesar de que en la propia página de internet que promociona el Camino Real Guanajuato, se resalta el valor histórico y arquitectónico de la edificación.
El inmueble fue adquirido por la cadena Camino Real en 2006. En la operación de compra estuvo involucrado el expresidente Vicente Fox Quezada y sus hijos Ana Cristina y Vicente, a través del irapuatense Jorge Leal Kirchbach, quien actualmente aparece como supuesto socio del diputado federal Luis Alberto Villarreal en el restaurante que inauguró a fines del año pasado en una exclusiva zona del Distrito Federal.
En aquel entonces, la operación de compraventa osciló entre los 7 y los 9 millones de dólares. Jorge Leal declaró al semanario Proceso en aquella ocasión que la adquisición se cubriría en su mayor parte con un crédito de Banorte y que el hotel quedaría al final a nombre de su esposa, Viridiana Vera.
Tanto Olegario Vázquez Raña, propietario de la cadena Camino Real, como el extinto Roberto González, quien fuera dueño de Banorte, fueron empresarios cercanos y favorecidos por el expresidente Vicente Fox durante su sexenio.
