Rolando Herrera
Reforma
Aunque ya arrastran un rezago en la mitad de los asuntos que atienden, ahora los tribunales agrarios tendrán una nueva carga.
Una vez que entre en vigor la reforma energética, tendrán que resolver los juicios que resulten de la apropiación de tierras para explotar hidrocarburos.
Los litigios que puedan darse entre el sector privado y los poseedores de tierras en el contexto de la extracción de gas y petróleo deberán resolverse, conforme a la nueva Ley Energética, por el Tribunal Agrario.
Ello agravará aún más la ya de por sí complicada situación de sus 55 sedes, actualmente desbordadas por ineficiencia y burocracia, de acuerdo con expertos.
En promedio, cada uno de los tribunales que existen en el país tiene que atender mil 668 juicios al año y resuelve apenas la mitad. En 2013, los tribunales unitarios arrancaron con 41 mil 652 asuntos que venían de 2012. Durante el año, además, abrieron 50 mil 122 expedientes nuevos, por lo que, en total, tuvieron a trámite 91 mil 774 juicios. De ellos, sólo resolvieron 49 mil 345.
Enrique Romero Amaya, expresidente de la Academia Nacional de Derecho Agrario, consideró que, una vez que entre en vigor la reforma energética, los juicios agrarios podrían duplicarse, y los tribunales en la materia, sobrecargarse. Ante esto, opinó, tendrían que crearse más tribunales para hacerle frente a la demanda. Actualmente, los juicios agrarios pueden prolongarse por décadas debido a los innumerables recursos que las partes tienen derecho a interponer, lo que genera inseguridad jurídica. “Yo tengo juicios que llevan 10, 20 años, y no se resuelven. Tenemos un verdadero problema de que no se cumple con el principio de que la justicia tiene que ser pronta y expedita”, indicó.
El magistrado en retiro José de Jesús Álvarez alertó que las demandas serán innumerables, y no solamente en materia agraria, sino también en la civil.
Ello, dijo, porque muchas extensiones de tierra son propiedad privada y las figuras de ocupación que se están diseñando en el Congreso para el aprovechamiento del subsuelo violentan los derechos de propiedad.
Marco Vinicio Martínez, presidente del Tribunal Superior, al rendir su informe de labores, advirtió que ha habido reformas que, aunque no impliquen directamente la materia agraria, sí han tenido un impacto en su carga de trabajo. Es el caso, dijo, de la modificación constitucional que se hizo en materia de amparo en 2011.
