Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La virtual privatización de las instalaciones olímpicas comenzó hoy con la licitación de las obras de remodelación y mantenimiento de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez”.
A falta de recursos para asumir el proyecto, la delegación Benito Juárez, que dirige el panista Jorge Romero, se vio en la necesidad de lanzar una licitación nacional 3000 118-003-14 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
La descripción general de la obra indica: “Rehabilitación y mantenimiento de la Alberca Olímpica dentro del complejo olímpico México 68, para el ejercicio 2014 en la delegación Benito Juárez”
Según la convocatoria, las compañías tienen hasta el 7 de agosto para adquirir las bases del concurso, cuyo costo es de 2 mil 500 pesos. El fallo se dará a conocer el próximo 29 de agosto.
La convocatoria prevé que el 2 de septiembre empiecen los trabajos y que éstos terminen en un lapso de 121 días naturales, es decir, a finales de 2014.
Una condicionante impuesta a los interesados es que cuenten con un capital de al menos 15 millones 307 mil 201 pesos.
La Alberca Olímpica “Francisco Márquez” fue construida hace 45 años, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968.
El pasado 14 de febrero, al rendir su primer informe de gobierno como jefe delegacional, Jorge Romero informó de algunas obras de remodelación que se llevaron a cabo en dicho complejo: reparación de la fosa de clavados, jaquzzi, vestidores, trampolines y sanitarios.
En su afán de captar recursos, la delegación Benito Juárez también alquiló a Televisa la instalación olímpica. El pasado 8 de marzo, proceso.com.mx publicó que dos de los principales centros acuáticos del país –la Alberca Olímpica y el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar)– fueron rentados a Televisa para grabar su reality show llamado “El Chapuzón”.
Según el texto, “el personal de Televisa incomodó a los atletas y afectó las clases, pero eso no les importó a las autoridades que, por cierto, no han mostrado ningún comprobante de pago por ese alquiler. No es la primera vez que pasa algo así. Sin embargo los responsables deportivos –federales y delegacionales– siguen presumiendo su capacidad para conseguir recursos privados que no redundan en beneficio de la población”.
