Agencias
Es evidente que los amparos de concesionarios de los Centros de Verificación Vehicular van a prosperar, pues con las más recientes modificaciones a la Ley de Medio Ambiente, se violó el derecho que se les fue otorgado en otro momento.
Así lo señaló el integrante de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vialidad del Congreso local, Cuauhtémoc Pola, quien mencionó que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Víctor Alvarado, mintió ante diputados al señalar que los 220 concesionarios sólo tenían permisos que se podrían revocar.
Ante la ola de amparos de dueños de verificentros, el diputado del Partido Movimiento Ciudadano (MC) reconoció que los ciudadanos se pueden amparar, luego del incremento desmedido de los costos de las multas.
Respaldó la acción de los dueños de centros de verificación, “pues la modificación de la ley les afecta y los ciudadanos también se pueden amparar ante las excesivas multas”.
Comentó que es evidente que el tema podría derivar en que unos cuantos acaparen todas las concesiones, generando en un monopolio.
“El secretario del Medio Ambiente, cuando fue a platicar con las comisiones, dijo que los actuales titulares de los verificentros no eran concesionarios, que eran únicamente permisos, pero los que tiene verificentros demostraron en el Congreso que sí tienen el permiso, lo que afecta su derecho y garantía (…) falta a la verdad”.
La aplicación de la ley representa un daño a un tercero, por lo que al ser inconstitucional, tienen que ser atendidos por el Poder Judicial.
El legislador reconoció que los encargados de la Consejería Jurídica han cometido serios errores al presentar propuestas legislativas y eso se pone de manifiesto cuando ningún priísta sube a tribuna a defender las reformas que promueve el Ejecutivo del estado.
“Cuando nosotros demostramos que era inconstitucional, no hubo un solo diputado del PRI que dijera lo contrario, y si nosotros subimos a la tribuna, fue para hacerles un favor de no aprobar cosas inconstitucionales”.
Cuauhtémoc Pola afirmó tener la certeza que un juez federal les va a dar la razón, al violentar su derecho otorgado por el mismo gobierno, “tenían la concesión de un servicio hasta por 50 años y no fueron tomados en cuenta, pues la ley del Congreso local lo discrimina”.
