- A pesar de lo que pagó el Ejecutivo, está arrumbado en el hangar del gobierno del estado
- Sanciona Contraloría a servidores públicos por compraventa irregular de helicóptero
- Omite precisar datos sobre la identidad de los responsables castigados, ni sobre el tipo de sanción
CLAUDIO VARGAS
La Jornada
La Contraloría General del estado informó que instruyó el procedimiento administrativo contra varios servidores públicos sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Lo anterior se dio mediante un documento al ajustador de aviación Arturo Suárez Araiza, en respuesta a su denuncia por el caso de la compraventa del helicóptero UH-1H con matrícula XC-LLK, adquirido por el gobierno del estado por medio de la empresa Helicopter Of American.
En el oficio CGE-SNJ-QD 2421/2014 fechado en Chilpancingo el 18 de julio de este año,
La dependencia, sin embargo, omite precisar ningún dato sobre la identidad de los funcionarios castigados, el tipo de sanción, ni cuándo fue aplicado este correctivo.
En entrevista para La Jornada Guerrero, Suárez Araiza dijo que la denuncia que interpuso ante la Contraloría, independientemente de la sanción a los funcionarios que estuvieron involucrados en el caso, incluía también a las empresas que fueron parte de la transacción, en la que se alteraron documentos de la aeronave y de sus características.
También dijo que debido a esta irregularidad en la adquisición de esa aeronave, a pesar de lo que pagó el gobierno por ella, se encuentra arrumbada en el hangar del gobierno del estado, y el ajustador fue despedido sin haber sido indemnizado, ni liquidado conforme lo marca la ley, al prestar su servicios por varios años a la empresa a que realizó la transacción.
Y es que, según la denuncia que puso Suárez Araiza en la Dirección General de Aeronáutica Civil, la empresa que falsificó los documentos de la aeronave fue Camsa Air Grouo, taller autorizado por la DGAC 256, de la cual funge como responsable Sergio Rocha Lona.
El ajustador de aviación dijo esperar que mediante las investigaciones correspondientes se pueda aclarar las irregularidades en la compraventa de la aeronave y pueda recuperar su empleo o que la empresa a la que prestó sus servicios le pague una liquidación justa por los años que prestó sus servicios.
