Martín Hernández Alcántara
La Jornada
Alcaldes subalternos que forman parte de la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) denunciaron que han sido sujetos a presiones y hasta amenazas, cuyo origen identifican en el gobierno estatal encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, para que desistan de movilizarse y exigir que se les restituya el servicio de registro civil a las presidencias auxiliares que administran.
La denuncia fue hecha a esta casa editorial por los agraviados de manera anónima, pues temen represalias tan graves como ser encarcelados, pues consideran que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no actúa como una instancia legal e imparcial, sino como una suerte de procesadora de detenciones para los opositores al régimen morenovallista.
En una entrevista, los alcaldes auxiliares advirtieron que mediante llamadas telefónicas o personas que se identifican como emisarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG) se les ha advertido que si prosiguen con actos como la marcha multitudinaria del jueves de la semana pasada, las consecuencias para sus poblaciones pueden ser adversas.
Asimismo, indicaron que políticos destacados del PRD, del Movimiento Ciudadano y de la organización filopriista Antorcha Campesina han pretendido sabotear al CEDIP, difundiendo en las poblaciones de Cholula y Atlixco la especie de que la organización ya negoció el cese de las protestas con el gobierno, a cambio de prebendas para las juntas.
A esa campaña de desinformación, abundaron, se ha sumado otra propagandística, en la que se utilizan los cabezales de medios impresos locales en los que se avala la versión oficial de que los hechos del 9 de julio pasado, cuando la Policía reprimió violentamente a vecinos de San Bernardino Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla–Atlixco, fueron causados por la gente de dicha junta auxiliar.
En dicha lógica, los panfletos apuntalan la hipótesis expresada por el titular de la PGJ, Víctor Antonio Carrancá Bourget, en el sentido de que la muerte del niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue causada por la onda expansiva de un cohetón lanzado por los pobladores de San Bernardino o por personas infiltradas.
No solo eso: el descrédito con infundios que se hace en contra del CEDIP, los ediles subalternos y la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo en dicha propaganda negra, se apoya también con la repartición de paquetes de útiles escolares para las familias y la promesa de obras públicas, a cambio de que no participen más en las movilizaciones.
Cuestionados sobre si acaso las mesas de diálogo que el CEDIP, la organización nacional Los de Abajo, los mototaxistas y otras han tenido con la SSG a instancias de la Secretaría de Gobernación, habían resuelto el conflicto entre las comunidades y la administración de Moreno Valle, respondieron que no, porque en dichos actos el titular de la dependencia responsable de la política dentro de la entidad, Luis Maldonado Venegas, se muestra solícito ante demandas de los representantes de los pueblos, pero en los hechos no cumple nada.
Lo mismo pasa con la Procuraduría General de Justicia, instancia que se comprometió a revisar las órdenes de aprehensión y la parte que le corresponde en los procesos a presos sociales, ya que hasta ahora no hay avances sustanciales, aseveraron.
Dijeron que mañana hay una nueva reunión en la SGG para continuar con el diálogo sobre la restitución del registro civil a las presidencias auxiliares, pero advirtieron que están seguros de que no habrá progresos, dadas las declaraciones que el pasado viernes hizo Maldonado Venegas.
Los quejosos aludieron así a la negativa expresada por el funcionario a devolver el registro civil a las juntas auxiliares, la cual fue dada a conocer por el portal e–consulta, en la nota firmada por la reportera Patricia Méndez, que se reproduce a continuación:
“El secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, descartó que el gobierno del estado ceda a la exigencia de los ediles auxiliares para que éstos operen nuevamente los servicios del registro civil, al señalar que dichas autoridades deben acatar las disposiciones legales que hay en la materia.
“El funcionario estatal arguyó que la disputa que los ediles inconformes tienen también tiene que ver con una petición para que las juntas auxiliares se conviertan en municipios, hecho que, dijo, ha trabado las mesas de diálogo con los inconformes.
“Esta semana presidentes auxiliares adheridos a la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) encabezó dos diferentes protestas, las cuales convocaron a miles de pobladores de esas comunas para exigir, entre otros aspectos, la restitución del servicio del registro civil.
“Cuestionado sobre el tema en la entrevista ofrecida este viernes, Maldonado comentó que no han exigido el retiro de los juzgados civiles de las juntas auxiliares; sin embargo, sí han solicitado que éstos sean titulados por personal adscrito a los ayuntamientos.
“De esta manera, dijo que han sido flexibles para que los ediles auxiliares propongan personal que operaría los juzgados, y que incluso el salario de los mismos sería absorbido por el gobierno del estado.
“No obstante, argumentó que los ediles han basado su exigencia en lograr que las juntas auxiliares sean municipios, hecho que, subrayó, no es viable y no será permitido.
“Cabe recordar que la principal exigencia de los grupos inconformes es la restitución de las oficinas del registro civil y durante las mesas de diálogo que han sostenido con la dependencia estatal, propusieron que las juntas se conviertan en municipios.
“Maldonado comentó que son 14 los ediles inconformes con las nuevas disposiciones; sin embargo, los miembros de la Coordinadora refieren que son al menos 50 las juntas auxiliares que no cuenta con el servicio del registro civil y que son un total de 150 ediles subalternos los inconformes.
“Finalmente el funcionario rechazó que no haya interlocución por parte de su dependencia a grupos inconformes de la entidad, pues dijo que en lo que va del año han realizado 22 mesas de diálogo”.
