Luis Carlos Sáinz Martínez
Zeta / Sinembargo
Tijuana, Baja California, 19 de agosto (SinEmbargo/Zeta).– En 17 estados de la República han sido asesinados 32 presidentes municipales en funciones durante los últimos ocho años. Líos políticos, extorsión, venganzas y posibles vínculos con el crimen organizado son las líneas de investigación. En el gobierno de Enrique Peña Nieto van seis homicidios de alcaldes. Las investigaciones realizadas para aclarar los hechos dejan insatisfechos a habitantes, políticos y familiares de las víctimas, que piden sean autoridades federales las que realicen las pesquisas.
Durante los últimos ocho años, al menos 32 municipios de México han perdido a su principal figura de autoridad en crímenes intencionales, desestabilizando con ello el funcionamiento del gobierno local e infundiendo temor entre la población, que se siente a merced de la delincuencia.
En 17 entidades se han registrado asesinatos de alcaldes desde el inicio de la administración federal del Presidente Felipe Calderón Hinojosa hasta los casi dos años que lleva al frente del país Enrique Peña Nieto.De 2006 a 2012 se registraron 26 de los homicidios de presidentes municipales en funciones, mientras que en el periodo actual ya van seis de estos crímenes, varios de ellos con tintes de ejecución.El último de los eventos que consternó a la política en el estado de Jalisco y a los pobladores del municipio de Ayutla fue el ajusticiamiento del Alcalde de este lugar, Manuel Gómez Torres, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) por segunda ocasión. Más delicado saber que detrás del hecho está la mano de la delincuencia organizada, según las investigaciones.
Hechos atroces como ésos los han vivido en estos ocho años en Durango, Michoacán y Oaxaca, cinco veces en cada estado. Chihuahua ha perdido a tres munícipes. Mientras que el Estado de México, Nuevo León y Veracruz han tenido dos homicidios de ediles cada uno.
Las entidades que tuvieron solo un deceso de alcaldes en ese lapso son Coahuila, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Hasta el momento los móviles más conocidos en los homicidios ejecutados en agravio de presidentes municipales en funciones, de acuerdo a lo poco que se informa de las investigaciones, son:
–Líos políticos.
–Venganza.
–Extorsión.
–Relación con el crimen organizado.
–Robo.
En la mayoría se trata de casos no resueltos en los que solo algunos participantes de los crímenes, principalmente autores materiales, han sido detenidos. Los autores intelectuales no han sido capturados o en el peor de los asuntos ni siquiera han sido delatados.
Los pueblos que han sufrido los agravios no son pueblos silentes. Muchos de los habitantes hablan de quién y cómo fue asesinado pero, no de porqué ni quiénes. Autoridades municipales, familiares de los fallecidos, amigos y los conocidos del pueblo prefieren no meterse en problemas, aunque en grupo han llegado a clamar justicia, sin que sus voces sean escuchadas.
Agustín Basave Benítez, autor del libro Mexicanidad y esquizofrenia, es más que ilustrativo en sus apreciaciones sobre la política y las cuestiones de la seguridad pública, la justicia y la delincuencia organizada en México:
“Nunca nos han explicado por qué debemos descartar que la horripilante escalada de violencia de los últimos años sea producto de una transición, de la ruptura de viejos convenios de repartición de territorios y del establecimiento de nuevas reglas del juego entre gobiernos y delincuentes. Por eso es muy difícil creer que no hay diálogo ni transacción alguna. ¿Puede sobrevivir en las actuales circunstancias un presidente municipal que se niegue a hacerse a un lado o a pactar en una u otra forma con uno de los poderosos señores de las drogas?”, dice.
Por lo menos en tres de los seis asesinatos de presidentes municipales ocurridos en el presente sexenio se asoma el rostro del crimen organizado, sin que se asegure que las víctimas estuviesen en contubernio o bajo el mando de los criminales. En el resto de los casos se advierten revanchas políticas no aclaradas por las autoridades.
Durango, Michoacán y Oaxaca son las entidades con más asesinatos de alcaldes. Foto: alcaldes.org.mx
RIÑAS PERSONALES
El 24 de marzo de 2013 fue asesinado el Presidente municipal de San Juan Mixtepec, Oaxaca, Feliciano Martínez Bautista, y un policía municipal que lo acompañaba a bordo de un vehículo particular. Ambos fueron emboscados al mediodía en el tramo carretero Juxtlahuaca-Mesón de Guadalupe, en la desviación a Santo Domingo El Progreso. La unidad fue a dar a un barranco.
Los homicidas no gastaron muchas balas. Bastó un impacto certero en la sien izquierda del Alcalde y un balazo en el pecho del policía Policarpo Remigio Rojas, para acabar con sus vidas. Los criminales utilizaron fusiles AK-47.
En junio fue detenido Noé Atanacio López Raymundo, uno de los presuntos asesinos, quien señaló como responsables del doble crimen directamente a la gente que comandaba Antonio Victorino Raymundo Flores, el Alcalde predecesor con quien Feliciano tuvo un rompimiento político. A Victorino Raymundo lo calcinaron dentro de su camioneta el 23 de junio del año en curso.
PRESUNTO ROBO
Al Alcalde de San Salvador El Verde, Puebla, José René Garrido Rocha, lo mataron en su casa el 20 de abril del 2013. Los asesinos hicieron una horadación en un domicilio contiguo para brincar al inmueble durante la madrugada en un presunto robo a casa habitación.
Garrido, de filiación priista, dormía junto a su esposa y su hijo cuando fue despertado por los fuertes ruidos. Al reaccionar y toparse con dos hampones fue golpeado brutalmente y recibió un balazo en la cabeza. Los criminales huyeron y la hoy viuda solicitó auxilio, pero el funcionario municipal ya había fallecido.
El boquete en el muro del lote contiguo donde se construía una residencia tenía una dimensión de 40 centímetros aproximadamente. Autoridades estatales de inmediato descartaron una posible venganza y confirmaron el móvil de robo, versión que se confirmó mes y medio más tarde.
El 10 de junio de 2013, la Procuraduría poblana informó de la captura de los dos criminales, quienes se dedicaban a robar en domicilios ingresando por las ventanas sin forzar cerraduras. Cuando eran descubiertos amenazaban con armas de fuego a sus víctimas y les intimidaban diciendo que se trataba de agentes federales.
VENGANZA POLÍTICA
La noche del 5 de junio del año pasado, el primer Edil de San Miguel Tilquiápam, Oaxaca, Celestino Félix Vásquez Luis, fue asesinado a unos pasos de la puerta de su casa a un costado del mercado municipal. Dos tipos lo esperaban detrás de unos arbustos y se le aparecieron para dispararle a mansalva con un fusil AK-47.
El Presidente municipal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) había tenido altercados con algunos de los pobladores, quienes le vinculaban al asesinato a balazos de Pedro Felimón Luis Hernández y las lesiones de una mujer, en hechos ocurridos en agosto de 2012. También le señalaban de tener relación con el homicidio de otro habitante en mayo del mismo año. Por lo anterior hubo diversas manifestaciones en un intento por destituirlo.
El Procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, afirmó en su momento que la principal línea de investigación que se seguía por el homicidio de Vásquez Luis, era una venganza de tipo político. Sin embargo, a más de un año de distancia y aun cuando cambiaron las autoridades de procuración de justicia no se tiene ningún avance en las pesquisas.
VIOLENCIA Y HUELGA DE HAMBRE
Otro pueblo que enmudeció al conocer de la ejecución de su Presidente municipal fue el de Santa Ana Maya, Michoacán. El 7 de noviembre de 2013 se informó de la muerte del Alcalde Ygnacio López Mendoza durante la volcadura de un vehículo sobre la carretera Acámbaro-Iramuco, en el estado de Guanajuato.
Horas después del deceso, la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. reveló en un comunicado que el doctor López Mendoza fue extraído por la fuerza de su domicilio la noche anterior por varios sujetos y su familia ya no supo más de su paradero. Además de que había recibido amenazas del crimen organizado. El gobierno guanajuatense dio a conocer que el cadáver del Edil presentaba huellas de tortura y que las causas de su muerte fueron: asfixia mecánica.
Las últimas semanas de vida del personaje dieron varias vueltas, pues el hombre postulado a la Alcaldía de Santa Ana Maya por el Partido del Trabajo había encabezado un mes antes una huelga de hambre durante 18 días afuera del Senado en la capital del país para exigir más recursos para su municipio. También había renunciado a su partido y se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En Guanajuato, la averiguación previa se encuentra rezagada; en tanto, en Michoacán, el pasado diciembre fueron detenidos dos presuntos integrantes de una banda delictiva que se dedicaba a extorsionar a presidentes municipales de esa entidad, entre ellos, aseguraron que estaba el ahora occiso, sin que se aclarara el motivo de la presión para pagar dinero a los delincuentes.
COBRO DE EXTORSIÓN
Durante 2014 la violencia continúa en Michoacán y a pesar de las estrategias del gobierno federal presuntamente combatiendo al cártel de los Caballeros Templarios y regularizando a los grupos de autodefensas para disminuir los riesgos de la población, fue asesinado otro Presidente municipal.
El 21 de marzo último, el Alcalde panista de Tanhuato, Gustavo Garibay García, encontró la muerte a manos de criminales a las puertas de su casa cuando se encontraba con su familia. Sujetos armados efectuaron disparos en el exterior y al asomarse el funcionario a ver lo que sucedía recibió varios impactos de bala.
En el sitio se localizaron nueve cartuchos calibre 38 súper, tres casquillos calibre 7.62 (AK-47) y seis calibre 2.23 (AR-15), además de una patrulla Dodge Ram tipo pick up de la Policía Municipal, que presentaba impactos de bala.
Se habló de por lo menos tres individuos los que dispararon contra Garibay García, quien como antecedente había sufrido un atentado el 31 de octubre de 2012 supuestamente por no haber pagado una extorsión. El Presidente municipal estuvo protegido unos meses por escoltas asignados por el gobierno federal, pero en agosto del año pasado el apoyo le fue retirado. Hasta la fecha las investigaciones no han avanzado.
EN MEDIO DEL CRIMEN ORGANIZADO
Policía comunitaria en el municipio de Ayutla, Jalisco. Foto: Cuartoscuro
En el más reciente de los hechos de esta naturaleza, el 3 de agosto, en el rancho La Mesa, municipio de Ayutla, fueron asesinados a balazos el primer Edil de extracción panista Manuel Gómez Torres y su capataz José de Jesús Hernández. Quedaron a un costado de la camioneta en que viajaban.
El crimen consternó a los pobladores que apreciaban a su gobernante, pero también agitó el ambiente político en vísperas de las próximas elecciones en Jalisco. Los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) aprovecharon la ocasión para exigir la renuncia del fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien aseveró que probablemente el finado presidente estaba coludido con el crimen organizado.
Cinco días más tarde, la Fiscalía General del Estado informó de la detención de dos copartícipes en la ejecución de Manuel Gómez. En rueda de prensa fueron anunciadas las capturas de José Alfredo Sánchez Dueñas, asesor jurídico del Ayuntamiento de Ayutla, y Luis Alberto Zepeda Grajeda, subdirector de la policía de la localidad.
El doble crimen fue atribuido por las autoridades al cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en las regiones de Amula y Sierra Madre Occidental. “Ambos detenidos señalan como responsable directo del doble homicidio a quien hoy sabemos es Sergio Hernández González, de quien dicen es el encargado de la plaza en varios municipios de la Región”, declaró el fiscal general Luis Carlos Nájera.
El detenido Alfredo Sánchez declaró que cuando él fue director de la policía de Unión de Tula, Jalisco, en 2011, el grupo delictivo le aconsejó que “no iba a tener ningún problema, porque iban a meter a un policía para que él hiciera todo eso (conexión entre autoridades y los criminales). Un policía que venía de El Grullo, y era precisamente Sergio Hernández, a quien se dio el cargo de comandante”.
Por su parte, el subdirector de la Policía de Ayutla, Luis Alberto Zepeda Grajeda, dijo que fue contratado para la función en sustitución de su antecesor quien fue ejecutado el 26 de junio en un municipio contiguo, pero que recibió la instrucción de no meterse con el grupo delictivo de Sergio Hernández González conocido como “El Comandante Sergio”.
A dos semanas del doble crimen la molestia de los panistas persiste y no creen en los resultados de las investigaciones, por lo que han solicitado –con tibieza– lo que en varios de los otros casos de ediles se ha pedido: que sea la Procuraduría General de la República la que se haga cargo de las pesquisas.
