Celia Díaz García
La Jornada
Córdoba, Ver.- Como en pocas ocasiones, el denominado Miércoles ciudadano (que efectúa el municipio a fin de allegarse a la población) se vio nutrido, sin embargo fue de asistentes que se dieron a la tarea de reclamar por la prepotencia con la que actúan los subordinados en las distintas áreas, especialmente Comercio.
A raíz de la actitud de los trabajadores, al alcalde de Córdoba, Tomás Ríos Bernal le llovieron reclamos, pues pese a tener conocimiento de cómo actúan sus trabajadores desde hace tiempo, se ha dedicado a justificarlos en lugar de reprenderlos.
El edil se dedicó a dar respuesta sobre la incapacidad con la que se dirigen sus trabajadores, e incluso, justificó las amenazas con las que se dirigen hacia, por ejemplo, los vendedores ambulantes, lo que lejos de solucionar el clamor ciudadano sólo les da mas poder para seguir violentando los derechos humanos.
Y es que desde alumnos, colonos y vendedores, aprovecharon cada uno sus problemas para exponerlos a las autoridades, sin embargo, tuvieron que recurrir a la protesta al ser ignorados en varias ocasiones, tal es el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR).
Los inconformes aprovecharon esta actividad para enfrentar al munícipe, ya que cuando lo va a buscar para que los escuche, siempre se encuentran con que sus asistentes impiden que lleguen a sus oídos las quejas ciudadanas.
Una de las primeras manifestaciones fue la de padres de familia que, auxiliados por el director de la Telesecundaria de Arboledas, exigieron al alcalde que les permita usar el predio donde la construyeron, ya que personal de Obras Públicas les informó sobre una posible clausura del plantel improvisado, ya que al no haber opción educativa lo tuvieron que levantar en una área verde.
Posteriormente, llegaron habitantes de la colonia Lomas de San Ángel para pedir que los ayude con la introducción del alumbrado público, ya que las 140 familias se han abstenido a edificar sus viviendas, por temor a la inseguridad.
Al final arribaron vendedores del mercado La Isla, éstos denunciaron intimidación, amenazas y despotismo por parte de Alberto Hernández Villano, administrador del zoco quien se la pasa amenazándolos. En los tres casos, el alcalde se limitó a realizar un “análisis”, esto fue el débil compromiso de la autoridad a cada uno de los casos.
