Sergio Caballero
Proceso
CANCÚN, Q. Roo (proceso.com.mx).- Unas 200 personas realizaron una segunda marcha en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto contra el incremento de tarifas de agua potable y por la liberación de los “presos políticos”, los líderes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña –también secretaria de Finanzas del comité municipal de Morena–, bajo cargos de sabotaje.
Esta marcha se llevó a cabo a pesar de que aparentemente se había firmado, con la intervención de la senadora perredista Luz María Beristaín, un acuerdo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para reducir la tarifas y fueron liberados los nueve activistas acusados de bloquear la sede de la paraestatal.
Los participantes de esta marcha lograron desconcertar al presidente municipal Gabriel Tadeo Carballo, que implementó un impresionante operativo policiaco, con granaderos, en el parque municipal y el parque principal de esta ciudad, enfrente del cual también se ubica la sede de CAPA.
Sin embargo, los manifestantes marcharon en las colonias, ubicadas alrededor del centro de la ciudad y concluyeron la protesta en el parque “A las Madres”, ubicado, frente la sede del Poder Judicial, en este municipio de la zona maya.
En ese parque se llevó a cabo también un mitin, en que los participantes repudiaron la reposesión contra los mayas de Quintana Roo.
Tiburcia Chan, de 74 años, originaria de la comunidad de Señor Habitante de la colonia Cecilio Chi, de Felipe Carrillo Puerto, advirtió que los mayas jamás ha sido derrotados.
También acusó que el aumento de la tarifas del agua impide el cultivo de hortaliza tradicional maya.
El pasado lunes 11, decenas de personas en su mayoría indígenas mayas, tomaron las oficinas de la CAPA en Felipe Carrillo Puerto, en protesta por el elevado cobro de las tarifas y la instalación de medidores en colonias populares.
En respuesta, la directora general de la CAPA, Paula González Cetina, presentó una demanda penal por la toma de instalaciones de la paraestatal contra quienes resulten responsables.
El pasado 15 de agosto, activistas del Cocopo denunciaron la desaparición de Alfredo Esquivel y Cab Teresita Brito Piña cuando se dirigían a Tihosuco, comunidad ubicada a 35 kilómetros al noroeste de Felipe Carrillo Puerto.
Pero, el lunes al mediodía Esquivel y Cab y Brito Pilla fueron detenidos en las inmediaciones del parque principal de Tihosuco y se les fincaron cargos de sabotaje, sin derecho a fianza.
La noche del martes, granaderos desalojaron violentamente a unas 150 personas que mantenían un bloqueo en las oficinas de la CAPA.
En el operativo, realizado en el parque central de Felipe Carrillo Puerto, fueron detenidos alrededor de 40 manifestantes, incluidas personas ajenas a la protesta que sólo tomaron fotos y videos de la ofensiva de los granaderos contra los activistas.
Pero nueve personas permanecieron arrestadas –entre ellas Marisol Ceja, integrante del Congreso Nacional Ciudadano– y remitidas al Ministerio Público, acusadas de motín.
El miércoles, unas 120 personas marcharon en Felipe Carrillo Puerto, en demanda de la libertad de los 11 detenidos.
El jueves 21 de agosto, la senadora Luz María Beristaín Navarrete acudió a Felipe Carrillo Puerto y firmó una minuta de siete acuerdos que la directora de CAPA, Paula González Cetina, entre los que la paraestatal se desiste de la colocación de “micromedidores” en colonias populares y que habrá descuentos para personas de mayores de 70 años y con discapacidad así como madres solteras.
Ayer viernes salieron libres bajo fianza las nueve personas detenidas, en el operativo de la noche del martes 18 de agosto.
Pero Esquivel y Cab y Brito Piña continuaron presos, pues no tienen derecho a fianza, ya que el delito de sabotaje es considerado grave en la entidad.
