Jorge Escalante
Reforma
Guanajuato, México (28 julio 2014).- Organizaciones campesinas anunciaron que realizarán bloqueos en carreteras estatales para demandar al Gobierno establecer una mesa de diálogo con la finalidad de escuchar propuestas que beneficien a pequeños agricultores.
Francisco Escobar Osornio, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), dijo que solicitaron una audiencia con el Gobernador Miguel Márquez para exponerle sus propuestas y pedirle que sea intermediario con el Gobierno federal para manifestar el rechazo de los pequeños productores a la reforma energética y los gasolinazos.
«Presentamos por escrito una solicitud de audiencia con el Gobernador, desde la semana pasada hemos intentado un acercamiento pero nos han ignorado, hemos hecho la petición formal y por escrito, si no nos atienden en un plazo de 15 días realizaremos una movilización para bloquear carreteras estatales», amagó.
El dirigente de la UCD destacó que cinco organizaciones, que la semana pasada bloquearon tres tramos de las carreteras federales Celaya-Querétaro; Silao-León y San Luis de la Paz-San Luis Potosí, emplazaron al Mandatario estatal a sostener una mesa de diálogo.
«En el escrito le informamos al Gobernador que las organizaciones que representamos como la UCD, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Central Campesina Cardenista (CCC), Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) y el Comité Pro Mejoramiento del Agro, no queremos privilegios, tampoco buscamos negociaciones personales, sino queremos soluciones globales para el campo guanajuatense que está más abandonado que nunca y para que sea interlocutor con el Gobierno federal de nuestra postura de rechazo a la reforma energética y a los gasolinazos», comentó.
Dentro de las peticiones locales destaca la reorientación del presupuesto en el sector agropecuario para que los pequeños productores obtengan apoyo.
Otras dos demandas son la revisión del acuerdo Lerma-Chapala para garantizar agua para los próximos ciclos agrícolas en la entidad, además de la creación de una instancia comercializadora, con inversión estatal, para indicar precios a los cuales los campesinos puedan comercializar sus cosechas.
