Anaiz Zamora Márquez
Proceso
CHALCO, Edomex (apro-cimac).- “Chalco, municipio mexiquense, se inunda de amor”, dice el alcalde, el priista Francisco Osorno Soberón, cada que puede hablar de su mandato. Es el eslogan de su gestión.
Sin embargo, mientras el edil asegura que no hay violencia contra las mujeres en esta localidad del oriente mexiquense, los cuerpos femeninos descuartizados y arrojados en terrenos baldíos dentro de bolsas, costales y maletas, así como las violaciones sexuales contra jóvenes desmienten ese panorama “amoroso”.
Como parte de la “Alerta Ciudadana de Violencia de Género”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) recorrió hoy este municipio, acompañado por familiares de víctimas, activistas y habitantes de la localidad. El propósito: Dejar una cruz rosa en los lugares donde se han encontrado cuerpos de mujeres.
Este es el cuarto recorrido que realiza el OCNF en municipios del Estado de México. El de hoy se realizó luego de que, en mayo pasado, ante la reiterada negativa del gobierno federal por declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, se puso en marcha la “Alerta Ciudadana” que cada día 25 de mes recorre lugares del estado donde las agresiones contra las mujeres son una constante.
Tras reunirse en el centro de Chalco, activistas se trasladaron a la entrada del Rancho San Miguel, ubicado sobre la carretera Santa María Ayotzingo-Tezompo. Rodeado de casas con techo de lámina y sembradíos, ese terreno baldío “es el lugar perfecto” para arrojar cuerpos y que nadie encuentre a los responsables, dijeron habitantes del pueblo de Ayotzingo.
Por el lugar con escaso alumbrado público deben transitar todos los días mujeres para llegar a los paraderos de transporte público. Ahí se colocó una cruz rosa para indicar a la población femenina que ese lugar es un “foco rojo” para su seguridad.
Allí fueron cometidas al menos dos violaciones sexuales y se encontraron varios cuerpos de mujeres que no eran habitantes del municipio y que terminaron en la fosa común, aseguró Yuritzi Hernández de la Rosa, integrante del Frente Amplio Social mexiquense (FAS), quien ha recopilado información sobre casos ocurridos en la zona.
Autoridades niegan información
En el trayecto, la activista contó que en constantes ocasiones ha ido al Ministerio Público municipal y a la Fiscalía de Feminicidio en Ayotla –localidad mexiquense colindante con Chalco–, en busca de más datos para identificar a las víctimas y saber el número total de casos. La búsqueda ha sido en vano pues las autoridades le niegan la información.
Según datos recolectados por la activista, entre 2013 y 2014 el número de asesinatos en el municipio asciende a 11.
Este lunes la caravana del OCNF continuó su ruta por la carretera Chalco-Mixquic, donde está el internado “Hermanas de María, Villa de las Niñas”. Hace siete años este lugar fue ampliamente señalado en medios de comunicación como un lugar donde las menores de edad eran recluidas y explotadas. Recientemente fue visitado por el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas.
“Frente al internado se han encontrado cuerpos de mujeres guardados en costales o bolsas de plástico, como es la característica del municipio. Durante su visita, Eruviel no hizo ninguna mención del tema”, contó Hernández de la Rosa a esta agencia.
Los participantes del recorrido llegaron a la calle que divide a las colonias Zapata y Agraristas, ambas identificadas por la comunidad como de “extrema violencia”. En esa esquina también se colocó una cruz rosa.
Como último punto, el OCNF –representado en esta ocasión por sus asesores legales, Yuridia Rodríguez y Rodolfo Domínguez– colocó otra cruz rosa a unas cuadras del palacio municipal, frente a la casa de Xóchitl Vázquez Cabrera, joven de 18 años asesinada en febrero pasado en su recámara, supuestamente por personas desconocidas. Su familia asegura que su pareja sentimental, con quien ella vivía, estuvo involucrada.
Ahí, su hermano Lenin Vázquez Cabrera contó que hasta el momento no existe una carpeta de investigación por el asesinato. Tampoco las autoridades han llamado a declarar a ningún sospechoso, sólo les han dicho que las pesquisas se realizarán en el municipio de Nezahualcóyotl. “Pero cuando vamos a Neza nos mandan para Chalco y así nos traen”, dijo.
“Para las autoridades es un número más; ‘otra mujer asesinada’, por ello exigir justicia al presidente municipal, al gobernador y hasta a Enrique Peña Nieto es como gritar a la pared. Pero no importa el tiempo que me tarde, yo voy a tirar esa pared y seguir exigiendo justicia”, sentenció.
Lenin Vázquez criticó al alcalde de Chalco por gastar los recursos municipales en acciones que no benefician a las múltiples víctimas. Y le soltó: “Yo le digo al licenciado Osorno que no nos hacen falta fuentes o quioscos para que el municipio se vea bonito; muchos preferiríamos caminar entre el lodo, pero tener a nuestras familias completas. Le exijo que invierta en seguridad y deje de asegurar que en Chalco no pasa nada”.
Edil, «ocupado»
Finalmente, los manifestantes junto con varios pobladores sumados durante el recorrido, pasaron por las tres calles que separaban la casa de Xóchitl del Palacio Municipal.
Con consignas como “¡Ni una más!” y “¡Justicia para las víctimas de feminicidio!”, mujeres y hombres entraron al edificio de gobierno y subieron hasta la oficina del edil para exigir que les diera la cara y una solución real a la problemática.
Después de varios minutos, una secretaria atinó a decir que podía agendar una reunión, pero no sabía la hora pues Francisco Osorno Soberón “estaba ocupado”. El OCNF decidió continuar con su plan inicial y dar una conferencia de prensa.
Ante los micrófonos y las cámaras, los representantes del Observatorio reiteraron la exigencia de detener la violencia contra las mujeres en el municipio y en los alrededores. Insistieron en la urgencia de declarar la Alerta de Violencia de Género en la entidad, pues las cifras y hechos conocidos hoy demuestran que Chalco “no se inunda de amor, si no de injusticia”.
Actualmente, un grupo interdisciplinario, conformado por representantes del gobierno federal, realiza una investigación sobre violencia feminicida en el Estado de México, luego de una larga batalla legal que el OCNF emprendió en contra de la negativa de febrero de 2011 para declarar la AVG.
