Redacción Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- En vísperas de que la Secretaría de Gobernación rinda cuentas sobre la incidencia del secuestro en el país, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dio a conocer un reporte que no deja bien paradas a las autoridades de los tres niveles de gobierno al advertir que dicho delito mantiene una tendencia a la alza y se extiende a más municipios.
Con datos recabados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el organismo civil precisa que en el primer cuatrimestre del año el noreste del país fue la región que registró las tasas más altas de denuncia por secuestro por cada 100 mil habitantes.
Resalta el caso de Tamaulipas, con una tasa de inseguridad 465% mayor que la nacional y con el mayor número de secuestros múltiple.
El año pasado, dice el informe, 349 municipios del país sufrieron al menos un secuestro, y en los primeros cuatro meses del año 184 municipios ya padecieron algún secuestro o varios.
Las ciudades más golpeadas por ese delito fueron: Reynosa, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Morelia y Villahermosa.
El Observatorio Ciudadano encontró una relación entre los adolescentes que ingresan a centros penitenciarios por el delito de secuestro y las denuncias por entidad.
Por ejemplo, detalla que hay varios indicios que muestran cómo a nivel nacional los procesados y sentenciados por secuestro en 2012 son en su mayoría hombres de 18 a 29 años. También se descubrió una correlación positiva entre ingresados e internados en centros penitenciarios para menores y las denuncias por secuestro en ese año.
Además, para el Observatorio Nacional Ciudadano resulta preocupante la falta de información de calidad sobre secuestro de migrantes, pues evidencia que no hay interés ni prioridad en este tema por parte de las autoridades federales.
“Esto hace que cuestionemos el verdadero interés de las autoridades en el tema de derechos humanos y de seguridad, ya que al hacer invisible este fenómeno delictivo y las vejaciones que conlleva, se está ignorando el respeto a la dignidad humana y a las garantías fundamentales de cualquier persona”, dice el informe “Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender esta problemática”.
A partir de todos esos elementos, el Observatorio exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que contabilice públicamente ese delito y dé a conocer mensualmente las cifras.
El pasado sábado 23, el zar antisecuestros, Renato Sales Heredia, presumió una disminución de 13.27% en el número de averiguaciones previas iniciadas con presuntos casos de secuestro en el país al pasar de 113 a 98 de junio a julio de este año.
En una reunión con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y autoridades del gobierno de Baja California para evaluar el trabajo de las dependencias de seguridad estatales, el funcionario destacó incluso que al comparar las cifras de julio de 2013 al mismo mes de 2014, se reportó una reducción de 35.53%, al pasar de 152 a 98 averiguaciones previas, en cada caso.
El comisionado nacional, que citó indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), planteó que esas cifras reflejan que ese tipo de acto ilícito empieza a contenerse o a disminuir a nivel nacional, lo que no implica que el problema esté resuelto.
Los integrantes del Observatorio no concuerdan con la visión oficial. Alejandro Martí, presidente de México SOS, subrayó: “Es lamentable que no haya una sola unidad antisecuestro aceptable”.
Y aseveró que a la coordinación antisecuestros de Renato Sales le faltan “dientes” para poder exigir a los estados que cumplan.
Durante la presentación del estudio, encabezada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro; Alejandro Martí, y Francisco Rivas, director general del ONC, se señaló que el secuestro se ha extendido, en parte porque México es el país con los niveles más altos de inseguridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Wallace reiteró el llamado a los estados y al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informen de todos los secuestros, y aseguró que “el Poder Judicial es el gran ausente en la estrategia” contra ese delito.
El crecimiento del secuestro, asegura el documento elaborado por diversos investigadores, resulta alarmante y podría ser mayor al reportado por las autoridades, pues las denuncias que se presentan ante la PGR no son anexadas a las estadísticas mensuales de secuestro.
“Las estadísticas que se dan a conocer mes tras mes sólo contemplan las denuncias del fuero común, por lo que estos datos de averiguaciones previas iniciadas a nivel federal (pese a que son cifras preliminares) nos demuestran que el problema del secuestro podría ser mucho mayor de lo que se tiene pensado, en particular en Tamaulipas, pues en lo que va de 2014 esta entidad continúa presentando un comportamiento preocupante: acumuló el 9% de los registros”, detalla el ONC.
Según el documento, las autoridades son parciales en la evaluación de sus resultados contra el secuestro y sugiere que el gobierno federal debe avocarse a trabajar mecanismos de sistematización de información “que nos permitan tener acceso periódico a los registros de los secuestros del fuero federal en las bases de datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto es fundamental sobre todo si se tiene un genuino interés de mejorar las condiciones de seguridad”.
