Sara Pantoja
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Todos los días Laura (nombre ficticio) tenía que cumplir la orden de su explotador de sostener relaciones sexuales con los clientes. Si no lo hacía, el proxeneta la tundía a palos.
“No podíamos decir nada, porque nos pegaban y nos encerraban con candado”, dice la víctima.
De ese infierno no había forma de escapar. Afuera, la dueña del lugar donde la obligaban a prostituirse, siempre cuidaba la puerta. “No podía decirle a los clientes que me ayudaran a salir”.
Laura es una víctima de la explotación sexual en México. Su caso fue integrado en las dos mil 105 averiguaciones previas iniciadas por el delito de trata de personas del 2009 al primer trimestre de este año, según el “Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De ese total, mil 412 averiguaciones correspondieron a las procuradurías y fiscalías estatales y 693 a la Procuraduría General de la República (PGR). La Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) desahogó 407 casos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 176 y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 110.
Sin embargo, la inobservancia de la ley, la corrupción y la ignorancia provocaron que de las 2 mil 105 averiguaciones, sólo 7.2% terminaran en sentencia condenatoria.
El diagnóstico de la CNDH lo resume así: “La impunidad es alarmante”.
En los cinco años estudiados, las entidades federativas que registraron el mayor número de sentencias condenatorias fueron Chiapas y el Distrito Federal, que concentraron 46.7%; las dictadas en Sonora, Puebla y Estado de México equivalen a 26.3% del total; entre las cinco entidades concentran 73% de las sentencias.
Por explotación sexual se abrieron 83.1% de las averiguaciones previas, 12.4% por explotación laboral, 3.4% por explotación laboral y sexual y el 1% por otras modalidades.
La trata de personas, dice la CNDH, es “uno de los fenómenos delictivos que causan mayor agravio, no sólo a las víctimas en lo individual sino a la sociedad en general”. Los argumentos: “Vulnera de manera directa la dignidad de la persona y un sinnúmero de derechos humanos de quienes lo padecen, como la libertad, la integridad y seguridad personales, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros”.
Peor aún, menoscaba el tejido social y afecta tanto a las víctimas como a sus familias y comunidades y, por ende, al bien común y al Estado de Derecho.
Es un delito creciente en México y en el mundo, principalmente con fines de explotación sexual y laboral, pero también para la extracción de órganos, de acuerdo con el diagnóstico.
Para muestra, sus ingresos: Es considerado el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas. Cada año genera ganancias que van de 32 mil a 36 mil millones de dólares, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las Naciones Unidas.
Se calcula que de dos a cuatro millones de personas son captadas cada año con fines de trata en el mundo. Entre 800 mil y 900 mil son trasladadas a través de las fronteras.
México, el origen
De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la CNDH, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Su situación geográfica lo convierte en paso obligado de los migrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, pero que en muchos casos son enganchados por redes delincuenciales durante su trayecto y sometidos a explotación.
Además, los delincuentes de otros países optan por trasladar a las víctimas a México, pues los controles son “menos rigurosos” para transportarlas al otro lado de la frontera.
Entre los factores de incidencia de este delito detectados por la CNDH se cuentan: pobreza, marginación, desempleo, falta de escolaridad, desintegración o disfunción familiar, violencia doméstica, desigualdades, baja tasa de matriculación escolar, condición de migrante, pertenencia étnica y otros factores culturales.
A ello se le agrega causas individuales como adicciones, trastornos psicogénicos, baja autoestima, depresión crónica –causada por victimización, violencia física y sexual, acoso estudiantil, entre otros–, así como precarias expectativas de futuro.
Del lado de los victimarios está la corrupción, la impunidad, las prácticas administrativas deficientes y la expansión de organizaciones delincuenciales nacionales o internacionales, así como el pandillerismo y el reclutamiento activo para la prostitución, incluso por parte de compañeros y miembros de la misma familia.
Y, como tercer eslabón de la cadena, el cliente o consumidor que demanda mano de obra barata, productos y servicios a bajo costo o bien, órganos y servicios sexuales. Es el principal factor de incidencia de la trata de personas.
Mujeres y niños, foco rojo
Según el Diagnóstico de la CNDH, de las víctimas de trata identificadas en todo el país, 82.9% son del sexo femenino y 13.7% del masculino. Más: 42.1 % son adultas y 39.8 % menores de edad; en 18.1 % de los casos no fue posible determinar su edad. En cuanto a su origen, 77.5 % son mexicanas y 15.4 % extranjeras; en 7.1 % de los casos se ignora la nacionalidad.
El grupo de los niños explotados es el más vulnerable.Tan sólo en México, la UNICEF estima que más de 16 mil niños se encuentran sometidos a esclavitud sexual.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño Relativo a la Venta de niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los niños en la Pornografía menciona como causas que orillan a los menores a enredarse en este fenómeno:
El subdesarrollo, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los
adultos, las prácticas tradicionales nocivas y los conflictos armados, entre otras.
Estudios internacionales mencionan también como causas la deficiente o distorsionada información sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, los mercados preexistentes de
prostitución adulta y la presencia de grupos que promueven las relaciones sexuales entre niños y adultos.
Aunado a ello, se incluyen las dificultades de aprendizaje, orfandad, ausencia de sistemas de apoyo y cuestiones relacionadas con la identidad sexual y diversas formas de violencia contra las mujeres.
Derechos pisoteados
El “Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México” advierte que a las personas víctimas de trata se les violan, al menos, 14 derechos humanos: A la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, el debido proceso, la procuración de justicia, el honor, el derecho del menor a que se proteja su integridad, el trato digno, el trabajo, la libertad personal, la integridad, la seguridad personal, así como a la debida atención y protección de las víctimas.
En el periodo estudiado para este diagnóstico, al CNDH ha dirigido recomendaciones al gobierno del Estado de México, el Instituto Nacional de Migración, las secretarías del Trabajo y Previsión Social y la de Relaciones Exteriores, así como el Ayuntamiento constitucional de Pedro Escobar en Querétaro y al presidente Municipal de Tapachula, en Chiapas.
Luego de describir el panorama alarmante de la trata de personas en México, la CNDH hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a destinar suficientes recursos para el correcto cumplimiento del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018.
Como parte de sus conclusiones demanda destinar fondos para la creación de albergues y centros para la atención de víctimas; elaborar programas estatales para prevenir el delito y atender a sus afectados. Además, pide desarrollar campañas de prevención a nivel nacional y regional, e implementar medidas de política pública para reducir los factores de incidencia.
La Comisión destaca la necesidad de brindar más apoyo a los refugios y albergues impulsados por la sociedad civil que reciben escaso financiamiento público para el desempeño de sus funciones, aún cuando frecuentemente alojan y brindan atención a víctimas de trata canalizadas por instancias oficiales.
Por último, exhorta a todos los sectores de la población “a unir esfuerzos para combatir la trata de personas y lograr un auténtico cambio de mentalidad, a fin de desterrar la excesiva tolerancia social que aún persiste hacia este delito y las diversas formas de explotación”.
