Fernando Camacho Servín
La Jornada
México, DF. México enfrenta una “situación crítica en materia de desaparición de personas”, pues a las víctimas de los años recientes, se suman las que fueron desaparecidas de manera forzada en las décadas de los 60, 70 y 80, quienes merecen justicia, verdad y reparación, subrayó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En un comunicado a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –que se conmemora el 30 de agosto–, el organismo llamó al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y a emitir una legislación general e integral en materia de desaparición de personas.
Tras destacar que esta fecha “es una nueva ocasión para manifestar su más profunda solidaridad con las víctimas de desaparición y sus familias en el país”, la OACNUDH recordó que en México esta conmemoración se enmarca en el 40 aniversario de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fuera detenido por elementos del Ejército el 25 de agosto de 1974.
En este marco, el organismo consideró que como muestra de su compromiso con las víctimas de este delito y con la comunidad internacional, el Estado mexicano “debería reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tal y como le fue recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Consejo de Derechos Humanos en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal”.
De igual forma, hizo un llamado al Poder Legislativo para que emita una legislación general e integral en materia de desaparición de personas acorde con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano, que retome y fortalezca las diversas iniciativas presentadas, incluida la del Presidente de la República.
Por último, la OACNUDH manifestó su respaldo a las distintas manifestaciones públicas que se realizan en el marco de este día en el país y envió un saludo a las familias de las personas cuyo paradero se desconoce, así como a las defensoras y los defensores de derechos humanos que los acompañan.
