Agencias
Cientos de personas, jubiladas, pensionadas y en activo marcharon desde el edificio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) hasta los tribunales federales para interponer los más de 10 mil recursos de amparo que acumularon como parte de la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Copipev) en contra de las reformas a la ley del Instituto.
La mayoría caminando, algunas personas con bastón, y otras en vehículos, acompañaron la marcha que inició cerca del mediodía de este viernes, en el marco del vencimiento del plazo para la entrega de los amparos.
Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Copipev, insistió en que además del amparo exigirán también la rendición de cuentas y la acción penal en contra de quienes saquearon al IPE. Desde las 10:00 de la mañana se empezaron a reunir las personas que participaron este viernes en la marcha que a modo de protesta llevaría desde las oficinas del IPE, hasta los Juzgados Federales, el cúmulo de amparos que se estaban solicitando.
Para el mediodía, prácticamente eran ya cientos de personas que venían de delegaciones como Pánuco y Minatitlán, así como de Orizaba y otros municipios, las cuales se integraban tanto por personas jubiladas como por personal en activo que decidió pedir permiso un día para poder participar.
Los amparos venían en cajas de archivo y éstas eran transportadas por un camión, el cual venía exclusivamente con la intención de movilizar la documentación y por ello venía incluso resguardado por las personas que presentaban estas solicitudes.
La presidenta de la Copipev insistió que es sólo un primer paso en las acciones que estarían emprendiendo y que definitivamente después de la presentación de los amparos, como beneficiarias y beneficiarios del IPE, exigirían la transparencia en las cuentas de la institución.
Agregó que cuando se hicieron las primeras reformas al IPE en la administración estatal pasada, se garantizó que el Fondo de Pensiones estaba asegurado por al menos 20 años, con esas modificaciones a la ley que elevó la edad de jubilación a los 60 años, sin embargo, a cuatro años de esas modificaciones se dice que hay problemas y se tienen que resolver a través del cobro de aportaciones a pensionados.
La lideresa insistió en que esta es una situación injusta, pues como personal que en algún momento sirvió al estado, ya se había ganado una jubilación digna y esto afectaba la calidad de vida que pudieran llegar a tener, especialmente quienes sólo dependen de este ingreso.
