Agencias
El Congreso local dejó en manos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) la revisión a fondo del tema del túnel sumergido, así como las sanciones a quién corresponda. Y una vez que se realicen las investigaciones, se retomará el tema de las modificaciones al título de concesión que se entregó a una empresa española y que fue modificado de último momento en la pasada administración estatal, obligando al pago millonario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para la consolidación del proyecto, confirmó el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido, Y reconoció que ellos estaban a la espera para determinar si deben intervenir para revisar el título de concesión.
“Ese tema está en manos de la Procuraduría, ya lo mandó el Órgano de Fiscalización, y ahí vamos a aprovechar, y ahora que el procurador nos ha pedido ser coadyuvantes en la averiguación, se puede ir más a fondo en el tema del túnel sumergido”.
Explicó que se tendrá que revisar cómo se conformó el fideicomiso y los cambios que se hicieron a las cláusulas del convenio. Hay que mencionar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a las autoridades estatales que las empresas a las que se les asignaron los contratos para la obra del túnel sumergido, no cumplieron con las especificaciones técnicas ni financieras de la obra, por lo que incurrieron en anomalías.
Adicionalmente, en su comparecencia ante diputados locales al inicio del año, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, explicó que contraviniendo el Código de Veracruz, se obligó al estado a entregar recursos del Fideicomiso del Impuesto a la Nómina por un total de 380 millones en los años 2011 y 2012 y en 2013 se destinaron mil 300 millones desde la entonces Secretaría de Comunicaciones (Secom), a pesar de que el acuerdo inicial obligaba a la concesionaria a aportar 60 por ciento del costo total de la obra.
