SALVADOR CISNEROS SILVA
La Jornada
Metlatónoc, 1º de septiembre. Mujeres na savi de la comunidad de San Marcos denunciaron que son intimidadas por el personal de la unidad de planificación familiar y de la Jurisdicción Sanitaria 04 de La Montaña, luego que informaran de la esterilización forzada por parte del programa Oportunidades.
La visita del sector salud estatal se presentó cuando a principios de agosto, mujeres informaron que durante una jornada médica realizada por organizaciones sociales independientes fueron forzadas a recibir una inyección mensual anticonceptiva para recibir el apoyo del programa Oportunidades.
“Ha estado viniendo gente de la unidad de planificación familiar y de la Jurisdicción Sanitaria a preguntar casa por casa de las mujeres que tienen hijos y están adscritas al programa Oportunidades, investigando quién hizo la denuncia”, explicó Edith Hernández Martínez, joven mujer de la comunidad.
La señora Dolores Evaristo Mendoza acusó que los promotores de salud de la dependencia estatal presionan e intimidan para que les den información sobre el doctor de la organización social que hizo la denuncia: “¿quién lo llevó? ¿dónde trabaja?, ¿qué porque lo acusamos?, ya son tres veces que vienen de la Jurisdicción”.
Informaron que cuando las mujeres no aceptaron firmar para que se les aplique el método anticonceptivo mandan a llamar al esposo para regañarlo, engañarlo y hacerlo firmar a él aceptando sobre el derecho que la mujer tiene sobre su cuerpo”.
“Muchas señoras se han quejado de los problemas que les ha surgido en su cuerpo desde que les iniciaron a inyectar el método para ya poder embarazarse, muchas no saben qué tiene que ver con eso y piensan que es una enfermedad por la edad o porque se enfermaron de otra cosa”, explicó la señora Delfina Solano Ortiz.
Criticaron que en vez de que el sector salud estatal y federal atienda las múltiples enfermedades que aquejan a las mujeres, niños y ancianos de las comunidades indígenas, sólo se han dedicado a hacer prácticas ilegales.
“Es algo muy alarmante, porque al parecer ahora quieren tapar todo esto y evitar que en otras comunidades de La Montaña empiecen a hacer esta denuncia de que son obligadas a inyectarse el método de manera ilegal”, resaltó Hernández Martínez.