Jair García y Fernando Inés Carmona
La Jornada
Ante los atrasos que tiene el gobierno de Veracruz en el pago de cuotas y aportaciones al Instituto de los Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Issste), la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) va descontando el dinero a la administración estatal, mencionó el delegado federal, Renato Alarcón Guevara.
Aunque intentó justificar y calificar como normal el rezago que tiene la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con el Issste, explicó que cuando el atraso es mayor o rebasa cierto límite, entonces la propia Secretaría de Hacienda activa un mecanismo de recuperación de dinero a favor de la institución de salud.
De esta forma, la SHCP aplica descuentos a los recursos que corresponden al gobierno estatal para canalizarlos al Issste. “La delegación a mi cargo no tiene una función de cobrar o de recibir dinero de parte del gobierno del estado, eso no funciona así, tampoco recolectamos las cuotas de la SEV o de otras dependencias, sino que es la Sefiplan quien se encarga de pagar a la tesorería del Issste”, expresó.
Sin embargo, indicó que cuando se presentan los atrasos, ya corresponde al Instituto a nivel central buscar la forma de garantizar el pago de las cuotas, y en ese sentido solicita la intervención de Hacienda.
Temen que saqueo en IPE quede sin castigo
Los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no dudan, “pero nada” que los presuntos desvíos económicos y malos manejos de sus cuotas, se intenten ocultar y no se castigue a los responsables, es más anticipan que ahora van a iniciar movilizaciones “para que se transparente el uso de ese dinero” pero también para que se democratice el consejo de administración
del Instituto.
De acuerdo con Jesús Arenzano Mendoza, vocero de la Unión de Jubilados y Pensionados del IPE en la zona de Orizaba, la reforma a la ley del Instituto de Pensiones, “no trajo nada bueno para los propios trabajadores, sino que además continúa con la opacidad en el manejo de los recursos económicos de los trabajadores en activo y en retiro”.
El mejor ejemplo, dice, está con la deuda que el gobierno del estado mantiene con el IPE, el año pasado el dirigente de la sección 56 del SNTE, Manuel Arellano, reveló que la deuda estatal alcanzaba 3 mil 850 millones de pesos y en su momento el propio gobierno admitió la deuda.
“Hoy con la reforma a la ley del IPE, no se dice nada de este tema, sino lo contrario, se permite que sean los mismos trabajadores, activos y pensionados, los que paguen. En uno de los apartados de la ley se faculta al gobierno del estado a que ya no pague esa deuda y por eso viene el incremento en las cuotas de aportación que cada trabajador debe hacer”.
Por eso, continúa, el movimiento en contra de la ley del IPE, “no termina nada más en pedir que se eliminen las afectaciones a los trabajadores, sino que también se transparente el uso de los recursos económicos de los trabajadores. Nadie sabe en qué se utilizan las cuotas que los trabajadores aportan al IPE. Nadie hasta hoy nos ha informado en qué se utilizan esos recursos económicos” señala.
El movimiento no terminó con la entrega de los juicios de amparo, “sino que ahora vamos por el tema de la transparencia económica. Vamos a pedir una investigación y que se transparenten los recursos, que nos digan en dónde están y en qué se aplican”.
