Santiago Igartúa
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Aparte del riesgo de ser extorsionados, secuestrados, desaparecidos, torturados y asesinados, los migrantes centroamericanos corren el riesgo de ser criminalizados y encerrados en prisión por el Estado mexicano.
Así lo revela el informe Migrantes en prisión, la incriminación de migrantes en México, otro destino trágico, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en colaboración con la Universidad Iberoamericana, que se dio a conocer esta tarde d.
“(Los migrantes centroamericanos en México) están en una total vulnerabilidad. No tienen apoyos políticos, redes sociales ni apoyos familiares. Carecen de dinero y de poder. Por eso pueden ser los inculpados, las víctimas. Están inermes frente al poder y frente al poder minúsculo del policía, del agente migratorio. Son los nada, los nadie”, dijo durante la presentación del estudio el maestro David Fernández Dávalos, rector de la Ibero, quien aseveró que la de México es “una sociedad profundamente racista con los países del sur, no dominantes en el sistema internacional”.
Impulsado por el caso “paradigmático” de Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante hondureño detenido y autoinculpado bajo tortura de delitos contra la salud, delincuencia organizada y acopio de armas, preso sin sentencia hace cinco años, el informe da cuenta de la criminalización de los centroamericanos indocumentados en tránsito a partir de una metodología basada en trabajo de campo, entrevistas y datos oficiales obtenidos a pesar de las propias autoridades.
“¿Cuántos migrantes inocentes más hay en nuestras prisiones?”, preguntó Mario Patrón Sánchez, subdirector del Centro Prodh al explicar el trabajo conjunto, para enseguida referirse a los condenados como “aquellos que bajo la calificación de ilegales, por hacer frente a las autoridades, sufren la vulnerabilidad extrema y son fácilmente criminalizados. Víctimas invisibles en México, destinados al olvido.
“Deberían ser rescatados por el Estado. Por el contrario, son incomunicados, arraigados en instalaciones militares y sometidos a proceso con auto incriminaciones obtenidas bajo tortura en el contexto de la lucha contra el narcotráfico”, lamentó el subdirector del Centro Prodh.
Denise González Núñez, coordinadora del informe y defensora legal de Ángel Amílcar, habló de cifras.
Para el informe, los investigadores cotejaron información de todas las entidades federativas y del gobierno federal, en particular del Instituto Nacional de Migración (INM) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (segob).
No obstante, Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz rehusaron dar información.
Con los datos obtenidos, de mayo a octubre de 2013 registraron mil 219 personas de origen centroamericano en prisión: 972 en centros estatales de readaptación social y 247 en centros federales; 79% de origen guatemalteco u hondureño; 94% hombres y el 6% restante, mujeres. Más de la mitad están en prisión preventiva, sin sentencia; 54.2% fueron privados de su libertad en Chiapas.
Se trata en su mayoría e jóvenes entre 18 y 35 años, casos en que predominan las imputaciones por robo, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud, armas, tráfico de personas, delitos sexuales, lesiones… Ilícitos de alto impacto.
En el caso de las mujeres, lo que más se acusa es trata y lenocinio, delitos contra la salud y corrupción de menores.
La coordinadora de la investigación habló también de los absurdos del gobierno mexicano. Al recabar los datos, se toparon con que dos direcciones diferentes del INM brindaron información contradictoria: la Dirección General de Coordinación de Delegaciones y la Dirección General de Derechos Humanos y Transparencia de esa dependencia federal.
“La primera dijo que había 354 personas centroamericanas en reclusión. Casi mil menos que las que reportaron las secretarías de Seguridad Pública y gobierno estatales. La segunda dio apenas cuenta de casi cien. ¡Cómo es posible que el INM reporta una cantidad y los estados otras! Es alarmante ver que (de las autoridades del estado de) Chiapas (se) reportó 525 centroamericanos en reclusión, mientras que la delegación en Chiapas del INM reportó… cero. ¡Dónde están esas más de 500 personas! ¡Cómo puede ser que el INM, que es el organismo encargado de la política migratoria de este país, no tenga conocimiento de más de 500 personas en el estado de Chiapas! ¡Y cómo puede ser que el INM no tenga cifras que coincidan entre sus propias direcciones!”, reprochó González Núñez para luego demandar respuestas de las autoridades.
En el mismo tenor, Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, reclamó:
“Debe haber valentía y honestidad por parte del gobierno mexicano y decir que las instancias de supuesta protección migratoria son inviables, que están podridas por dentro, si es que quiere dejar de ser una vergüenza internacional en protección a derechos humanos”.
