Esto sólo es un botón de muestra. Este tipo de negocios sucios y licitaciones tramposas que acaban beneficiando a una empresa, cuyo dueño es familiar, amigo o compadre de «gobernadores», «diputados», etc., pasa todo el tiempo en todos los estados y a todos los niveles.
EE
Empresas fabricantes de placas y calcomanías demandaron al «gobierno» de Baja California por irregularidades y la adjudicación directa de una licitación por un valor superior a 16 millones de pesos.
En comunicado conjunto las empresas Tumsa, Placas Realzadas, DYR y Troquelados e impresos detallaron que en febrero pasado el gobierno de esa entidad convocó a un concurso público nacional para la compra de 78,176 juegos de placas metálicas y calcomanías para el periodo 2014-2016 en autos nacionales, fronterizos y camiones.
En ese mismo mes la funcionaria Karina Alejandra Montellano Pineda, del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor, anunció la cancelación de la subasta argumentando que los ingresos para los primeros meses del ejercicio estaban por debajo de lo proyectado.
Sin embargo, las empresas implicadas en el litigio precisaron que el 28 de marzo pasado, el titular de la secretaría de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid adjudicó el contrato de manera directa a la compañía Lazos Internacionales, por un monto de 16.5 millones de pesos.
El funcionario, refirió el documento, argumentó que la razón de la decisión fue “debido a la alta demanda de las láminas y la necesidad de contar con ellas en el menor tiempo posible, se adjudicó al proveedor que garantizó entregas en el menor tiempo posible y al menor costo».
En ese sentido expuso que Lazos Internacionales es una empresa de reciente creación que no estaba registrada ante el padrón de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al momento de la licitación, además de no haber fabricado placas y calcomanías para autos y camiones con anterioridad.
Por lo anterior, las cuatro empresas inconformes con el fallo de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California presentaron este 26 de mayo demandas de amparo contra el gobierno de ese estado ante los juzgados segundo, cuarto y tercero en la ciudad de Tijuana.
