Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue., (apro).- Con tanquetas, elementos del Ejército y policías estatales custodian desde ayer la entrada de maquinaria y de personal de las empresas extranjeras que tienen a su cargo la construcción del gasoducto Morelos en las comunidades de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan.
En un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra (FPDAT) denunció que seis tanquetas del Ejército y patrullas de la policía escoltaron la llegada de maquinaria de las empresas españolas Elecnor y Enegás y de la italiana Bonatti, pese pese a la oposición de las comunidades de la región del Volcán Popocatépetl.
“Las comunidades no han otorgado por permisos ni los entregarán, por ello el gobierno no ha visto más salida que la represión e imposición del PIM (Proyecto Integral Morelos) en nuestros pueblos”, advirtió el FPDAT.
Y añade:
“Hoy vemos con dolor en nuestros corazones y con indignación que el gobierno estatal y federal ha decidido no dialogar con nosotros, pues las comunidades si queremos decir nuestras razones, nuestros sentires, queremos dialogar, y ellos han escogido mandar al ejército, callarnos con sus tácticas de miedo, con su hostigamiento”.
Pese a la incursión militar, el Frente advierte que no se rendirá, ni dará marcha atrás y que mantendrán su lucha en defensa de la vida, la tierra y el agua. “No estamos dispuestos a abandonar, hoy les recordamos que aquí estamos vivos, y que tenemos la razón y el corazón de nuestro lado”, sentencian.
Además reprueban que los gobiernos federal, estatal y municipal pretendan imponer, por medio de la fuerza, un proyecto que amenaza no sólo la forma de vida de los pueblos, sino que expone a los habitantes de esas comunidades a la muerte al ubicarse en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
El Frente hace referencia también a la anterior acción represiva gubernamental para desarticular la oposición al gasoducto, que fue la detención de la comisariada ejidal, Enedina Rosas, del activista Juan Carlos Flores y del dirigente campesino, Abraham Cordero.
“Responsabilizamos a Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla, a Graco Ramírez, gobernador del Estado de Morelos y a Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, por las violaciones a derechos humanos que se están perpetrando desde hace dos años en las comunidades en resistencia al Proyecto Integral Morelos y por los hechos que pudieran ocurrir en días siguientes ante la presencia de las fuerzas armadas”, concluye el comunicado.
El comunicado fue leído en el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que estaba atiborrado de estudiantes para ver la reaparición del doctor en Sociología, Ricardo Pérez Avilés, tras mes y medio de estar oculto por temor a ser detenido por oponerse a la construcción del gasoducto.
El 11 de abril, un grupo de supuestos campesinos armados ingresó de manera violenta a la casa del académico en la población de Atlixco, para agredir físicamente a sus familiares y para dejar una advertencia para que Pérez Avilés dejara de apoyar el movimiento opositor al gasoducto.
LOS PROYECTOS DE MUERTE PIM «|un gasoducto en el circulo del fuego del Popocatepetl?|, HIDROELECTRICAS, GASODUCTOS, FRACKING, GETTHOS RURALES, MINERIA A TAJO CIELO ABIERTO> CIANURO, ARSENICO, MONSANTO maiz, soya TRANSGENICOS, INDUSTRIA EN LA QUE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL COMO VENDEPATRIAS Y ELLOS MISMOS, DESTRUYEN Y CONTAMINAN la flora, fauna, Seres Humanos, rios, bosques, mantos acuiferos, tierra, semillas, aire, LA VIDA MISMA. HACIENDO USO DEL PODER LEGISLATIVO 700 MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION Y EL PODER JUDICIAL CORRUPTO Y ASESINO> ESTO ES MEXICO