Jenaro Villamil
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Con el voto a favor de las bancadas del PRD, PRI, Partido Verde y PT, y en contra del PAN, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitarle al gobierno de Sonora la liberación inmediata del dirigente y vocero de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, detenido el pasado jueves 11.
Además, pidió instalar una mesa de diálogo a efecto de encontrarle una solución al conflicto sobre la construcción del Acueducto Independencia en esa comunidad.
No obstante el puento de acuerdo del Senado, el juez estatal dictó auto de formal prisión contra el dirigente yaqui, acusado de un presunto delito del fuero común cometido el año pasado.
La aprehensión de Mario Luna se produjo a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la petición de la tribu yaqui, el 3 de diciembre de 2013, y ordenó acciones precautorias a las autoridades federales sobre la construcción del Acueducto.
Al exponer el punto de acuerdo, la senadora del PRD, Dolores Padierna, detalló las irregularidades cometidas desde la detención, así como el papel del procurador de Justicia estatal, Carlos Navarro Zurch, quien afirmó que se le detenía por estar acusado de robo de vehículos.
El senador priista Ernesto Gándara Camou consideró que el desencuentro entre el gobierno estatal panista y la tribu yaqui se agravó por la “falta de voluntad para reconocer los derechos y dignidad” de esta comunidad. Ha faltado “una mesa de diálogo para encontrar soluciones de fondo, pero se ha preferido recurrir a la violencia y a la falta de transparencia”, dijo.
En su turno, el senador del PRD, Alejandro Encinas, afirmó que Sonora vive un clima de “enrarecimiento y descomposición política”, porque ha habido omisión ante problemas serios, como los derrames en el Río Sonora, provocados por el Grupo México, así como el reciente enfrentamiento entre el gobierno federal y el estatal de Guillermo Padrés.
En representación del PAN, Héctor Larios defendió la decisión de detener a Mario Luna, pidió que no se “politice” el asunto y argumentó que incluso existen varios videos sobre la detención del dirigente de la tribu yaqui.
Según Larios, el problema es una “vieja pugna” entre los integrantes de las comunidades yaquis y un grupo de agricultores de Ciudad Obregón, pero en todo caso, agregó, debe cumplirse la resolución de la SCJN que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar una consulta a los pueblos afectados que se manifestaron en contra de la construcción del Acueducto.
En sintonía con la posición de Larios, el panista Francisco Búrquez Valencia afirmó que existe un “interés electoral” en las acusaciones en contra del gobierno estatal, pues mediante el proyecto hídrico se podrá dotar de agua a toda la entidad. En este punto también coincidió la panista Luisa María Calderón.
La priista Claudia Pablovich Arellano afirmó que la detención de Luna Ramos es una muestra de la “judicialización de la política en Sonora”, y una falta de diálogo y de consenso del gobierno estatal del PAN.
