Los presuntos «delincuentes» abatidos en Tlatlaya el 30 de junio pasado fueron retenidos y luego fusilados por el Ejército

La revista Esquire México encontró a una de las tres sobrevivientes de la balacera del 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, que dejó 22 presuntos delincuentes muertos. La testigo ofrece una versión muy distinta de la que han difundido el Ejército y la Procuraduría General de la Republica, en el sentido de que los militares abatieron a esas personas en “legítima defensa”. Según la mujer, 21 de esos individuos fueron fusilados aun cuando ya se habían rendido. Con autorización de Esquire México, Proceso publica la investigación del reportero de ese medio Pablo Ferri Tórtola y el material de la fotógrafa Nathalie Iriarte. El reportaje es difundido de manera simultánea por el sitio electrónico de dicha publicación mensual.

Pablo Ferri Tórtola
Proceso (Foto: La Jornada)

MÉXICO, D.F. (Esquire).- El pasado 30 de junio elementos del Ejército mataron a 22 presuntos delincuentes –21 hombres y una mujer menor de edad– en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos durante el tiroteo. Incluso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Ahora, dos meses más tarde, Julia –su nombre no es el real–, testigo del suceso entrevistada por Esquire México, asegura que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas –25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación– y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que nunca estuvo secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven Erika Gómez González, de 15 años, recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

Erika Gómez, de 15 años, fue ejecutada por un soldado, según una testigo. Foto: Esquire

Cuando la hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según la testigo. Luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla, según Julia. El certificado de defunción, al que Esquire México tuvo acceso y del que posee una imagen, indica que el motivo de la muerte fue un balazo en la “cavidad torácica”. Erika recibió al menos un disparo en el pecho.

Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire México que la bala le perforó el corazón y un pulmón a Erika y que eso fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire México también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad, donde se constata que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego.

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.

El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadunidense The Associated Press cuestionó que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento y señaló que la fachada de la bodega sólo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “La bodega donde se encontraron los cuerpos mostraba pocas evidencias de que se hubiese mantenido un tiroteo largo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos junto a una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.

El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado al respecto: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.

La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Esquire México habló con el departamento de prensa de la PGJEM sobre la versión de la testigo, el cual contestó que la PGR se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ese motivo no puede realizar declaraciones al respecto.

El departamento de Prensa de la Procuraduría General de la República señaló a Esquire México que ésta es una investigación en proceso, por lo cual no puede brindar información, aunque señaló que hay dos personas consignadas por ese caso, cuyas identidades no puede revelar ni los delitos por lo que están siendo investigadas. Esquire México también contactó desde el lunes 15 de septiembre a la Sedena para contrastar la información de la testigo, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha recibido respuesta.

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Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32 mil 181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134.

Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120 mil habitantes.

Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cártel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias El Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprehensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.

En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia –San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa– el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de éstos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan.

Tres días antes el alcalde de Teloloapan había recibido un impacto de bala en el pecho. En abril, un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.

En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El programa interestatal Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.

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Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire México y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega.

Julia asegura que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire México la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Afuera llovía. Julia piensa que quizá se refugiaron allí del agua.

Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. En pocos minutos los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches.

En una de las ráfagas murió un muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con lo dicho por Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del Semefo del Estado de México que aseguran que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.

La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constató que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que las otras dos ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “¡No nos maten, no nos maten, estamos secuestradas!”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.

La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos 30 minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas después de la rendición, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo –como a las 7:00 de la mañana, dice Julia– mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia, y hasta el momento se desconoce el paradero de las otras dos.

Julia asegura que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la Procuraduría General de la República atrajera el caso. La testigo dice que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.

Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el Semefo de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.

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