Nos oponemos a este proyecto que acabaría con los ecosistemas, advierten pobladores.
Sanjuana Martínez
La Jornada
Los Cabos, BCS. La devastación que ha dejado el huracán Odile en esta zona podría ser menor, comparado con el daño que provocarían inmobiliarias turísticas multinacionales en el Parque Nacional Marino Cabo Pulmo, el arrecife de coral vivo más importante de la parte septentrional del continente americano.
Así lo creen ecologistas, científicos y habitantes de esta área natural protegida, reconocida como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que se han unido para defenderla de la empresa estadunidense Glorious Earth Group y su socia china Sansong International Trade Group a través de La Rivera Desarrollos, BCS.
Los desarrolladores pretenden construir a 20 kilómetros del arrecife de coral, en la zona de Cabo del Este, una ciudad turística denominada Cabo Dorado, con una inversión de 3 mil 600 millones de dólares, a lo largo de 3 mil 800 hectáreas, con 22 mil cuartos de hotel, una marina de 490 amarres, un aeropuerto, un acueducto de 14 kilómetros, nueve resorts, dos campos de golf y varios clubes de playa, algo similar a la capacidad habitacional de Cancún.
Cuando algunos habitantes de Cabo Pulmo empezaron a recibir ofertas de 2 millones de dólares por sus terrenos desérticos, la alerta se disparó: “Aquí nací y mi tranquilidad no tiene precio. Les dije que no, que no quería ser parte de la destrucción de mi pueblo”, dice don Antonio, quien pertenece a una familia de pescadores en estas aguas del Mar de Cortés o Golfo de California.
Cabo Pulmo es un pequeño pueblo con apenas 7 mil habitantes, una comunidad modélica de cohesión social que decidió dejar de pescar para rescatar y proteger los ecosistemas y el ambiente de la zona, rico en variedad de peces, crustáceos, moluscos, quelonios, aves y mamíferos marinos.
Gracias a esta autogestión, lograron en 1995 la recuperación del arrecife, un esfuerzo que no están dispuestos a olvidar: “Nos oponemos a este modelo de megadesarollos sin ninguna planeación que acabarían con los ecosistemas y el entorno. No nos importa el dinero. No vamos a vendernos. Los primeros que llegaron fueron españoles, luego vinieron los estadunidenses y ahora son chinos; pero son los mismos inversionistas, los mismos que van a seguir intentándolo”, dice en entrevista Rafael Castro Fiol, portavoz de la asociación Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo.
En 2008 los inversionistas pretendieron construir Cabo Cortés, pero el rechazo de los habitantes evitó el inicio del proyecto autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En 2011 volvieron a intentar un complejo turístico igual, pero con distinto nombre: Los Pericues. Y hace unos meses, las multinacionales han vuelto a insistir, ahora como Cabo Dorado.
“En Cabo del Este urge una actualización al plan de ordenamiento ecológico, porque la ausencia de ésta provoca inconsistencias en el uso del terreno para crear desarrollos turísticos en zonas sumamente sensibles, como Cabo Pulmo, un parque nacional marino, una área protegida que no debe volver a ser vulnerada”, dice en entrevista Raúl Estrada, director de comunicaciones y medios de Greenpeace México, quien exige la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) al configurarse la probable existencia de delitos del orden federal ya que los desarrolladores falsearon la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto Cabo Dorado.
“Ellos falsearon información y esto tiene que ser perseguido, es un delito. ¿Por qué no actúa la PGR? No lo sabemos. Pero es parte de esta insensibilidad de las mismas instituciones para entender los efectos del deterioro del medio ambiente.”
El impacto social
A dos horas desde Cabo San Lucas, las inmensas extensiones de hermosas playas y el agua turquesa del lugar anuncian el paraíso natural de Cabo Pulmo, uno de los tres arrecifes que existen en el Pacífico americano con más de 800 especies de fauna marina.
Por las calles sin asfaltar del pequeño pueblo hay negocios que ofrecen servicios turísticos como buceo, windsurf, snorkel, cursos del mundo subacuático o paseos en lancha. Rafael Castro Fiol, que encabeza la defensa de Cabo Pulmo, dejó la pesca y abrió una tienda de buceo y submarinismo muy visitada por turistas europeos y estadunidenses.
Entre trajes de buceo, aletas, chalecos y tanques de oxígeno, explica: “Tenemos el parque nacional más exitoso del país y uno de los más exitosos del mundo. ¿Se imaginan todo ese cuerpo de edificios dañando esta zona costera, repercutiendo en los arrecifes coralinos, los peces, todas las especies; con una marina para 490 barcos o yates cambiando aceites, rellenando diesel y provocando la sedimentación? El impacto sería terrible”.
Cuenta que el primer proyecto lo echaron abajo durante el sexenio de Felipe Calderón, y en este último han exigido a Enrique Peña Nieto que no permita la reanudación del megadesarrollo, porque el impacto social provocaría un desastre.
“Han dicho que para construirlo traerán a 30 mil trabajadores. Cada uno con su familia. ¿Dónde se les va a dar servicios de salud a esas personas? ¿Dónde llevarán a los niños a la escuela? Aquí no hay infraestructura de nada. En lugar de beneficiar el lugar, lo están ahorcando”, dice Castro Fiol.
El problema agrega, es que pretenden hacer un megadesarrollo sin planeación, ni siquiera sobre el uso del agua para las más de 6 mil viviendas que planean construir y un asentamiento urbano de 440 mil habitantes. El proyecto tiene concesiones para extraer 4.8 millones de metros cúbicos de agua anualmente de la cuenca de Santiago, el único río que abastece a Cabo Pulmo en una zona árida, lo cual pondría en grave riesgo la seguridad hídrica de los habitantes que actualmente sufren por escasez del líquido.
De acuerdo con un estudio de científicos encabezados por Fernando Córdova Tapia, representante del Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, advierte que Cabo Dorado perjudicaría la salud del sistema arrecifal por el arrastre de contaminantes (711 mil 900 kilogramos de residuos al día) y por el daño a 78 especies animales protegidas y la desaparición de plantas únicas y desconocidas en el mundo.
“Concluimos que Cabo Dorado debe ser evitado a toda costa debido a la gran cantidad de impactos regionales que pondrían en riesgo la viabilidad ambiental y el bienestar de la población de la región a corto, mediano y largo plazos”, señala el estudio.
La corrupción
La batalla emprendida por Greenpeace es intensa. La corrupción de autoridades en el gobierno del panista Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador de Baja California Sur, ha permitido de manera impune que los inversionistas extranjeros, con diversos nombres, pero con el mismo proyecto, sigan falseando la información de la manifestación de impacto ambiental en Cabo Pulmo, sin consecuencias judiciales para los inversionistas.
La falta de protección y prevención a las zonas protegidas generó que el gobierno de México haya gastado 6.3 por ciento del producto interno bruto en 2012 por la degradación de los recursos naturales y los daños ambientales, que cerraron con un monto de 985 mil 64 millones de pesos.
“La vulnerabilidad de México ante el cambio climático se traduce en que 68 por ciento de la población del país está en riesgo, y en particular un gran porcentaje en zonas costeras”, indica Raul Estrada.
Añade: “La amenaza sigue latente. Es una historia muy perversa que empieza con Viciente Fox, quien permitió los remates de terrenos en zonas costeras a precios ridículos. Y llegaron estos inversionistas a comprar. Es la falta de ética de funcionarios que se dedican a comerciar con los recursos naturales de México. Y es corrupción. Los inversionistas son los mismos, son lobos con piel de oveja; cambian de nombre, pero los descubrimos. Estarán planeando mañas nuevas, pero nosotros también estamos dispuestos a seguir defendiendo esta región con la sociedad civil”.
