Jesús Aranda
La Jornada
México, DF. El grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres y madres de los menores fallecidos en la guardería ABC en Hermosillo, entregó a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la República (PGR) documentación que prueba que el incendio en el que murieron 49 menores el 5 de junio de 2009 fue “intencionalmente provocado”, con el objetivo de destruir información relacionada con la deuda de diez mil millones de pesos generada en el gobierno de Eduardo Bours Castelo, en la aplicación de su programa de obras denominado “Plan Sonora Proyecta”.
Mediante un comunicado la organización precisó que “se sabe” que el incendio fue llevado a cabo por tres personas, encabezadas por Carlos Andrés López Meza, quien trabajaba como chofer y guardaespaldas personal de Juan Carlos Lam Félix, que ostentaba el cargo de secretario técnico del ex gobernador Bours Castelo.
Por otra parte, este jueves el abogado del movimiento, Gabriel Alvarado, agregó en entrevista radiofónica que la PGR tiene documentos contundentes que prueban la intención de descubrir documentación oficial del gobierno sonorense y que las pruebas de ello fueron entregadas tanto a la Presidencia de la República como a la PGR.
