Hipólito Rodríguez
La Jornada
1. Avanzar hacia una sociedad y una economía más sustentable implica cuidar los recursos no renovables, como es el caso del gas y el petróleo. Por ello necesitamos reducir el consumo de hidrocarburos, recursos que son finitos y es preciso conservar para las próximas generaciones. Impulsar la extracción de las últimas reservas de gas y petróleo que hay en el subsuelo, es una medida que acelera el paso hacia su agotamiento. Acabar con las reservas probadas de petróleo, que se calcula pueden durar diez años, equivale a finiquitar un recurso necesario para el futuro de nuestros hijos, y coloca al país en una situación de vulnerabilidad. La reforma energética que ha impuesto el gobierno de Peña Nieto plantea una ruptura histórica, ya que aprueba un cambio fundamental: las reservas de petróleo y gas quedarán a partir de ahora en manos del capital privado, y esto pone fin a una época de soberanía energética.
2. Producir y consumir cada vez más hidrocarburos es aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso contribuye a acelerar el calentamiento global. Los científicos de todo el mundo han señalado que el cambio climático esta ocurriendo más rápido de lo que suponían, por lo que aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero es una decisión imprudente, pues aumenta la vulnerabilidad de todos los pueblos del mundo, al impulsar el aumento de la temperatura del planeta. Con más calor, se hacen más intensos los huracanes y las tormentas, dañando sobre todo a las poblaciones más pobres. A pesar de que nuestro país se ha comprometido en los foros mundiales a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la práctica no hace nada para cumplir con sus compromisos. La reforma energética no coloca como prioridad reducir las emisiones, y no plantea de forma clara y verificable la construcción de opciones de energía basadas en fuentes renovables que permitan reducir el calentamiento global. Más que propiciar la reducción de los consumos y atenuar la necesidad de extraer hidrocarburos, apuesta a seguir con las mismas tasas de consumo e incluso busca incrementar la extracción a fin de ampliar las exportaciones (fuente principal del financiamiento del gasto y la corrupción gubernamental). En la iniciativa de Peña Nieto no hay una sola palabra que diga cómo ligar la caída de los ingresos petroleros con una reforma fiscal que nos permita recabar más impuestos de las grandes empresas privadas, hasta ahora principales beneficiarias de la renta petrolera, que les exime de contribuir al gasto público.
3. El procedimiento que se planea emplear para aumentar la producción de gas en el futuro inmediato es la fractura hidráulica, un método conocido como fracking. En Estados Unidos, donde se utiliza de forma intensiva, se ha demostrado que impacta de manera negativa en el agua y en la salud de las poblaciones que residen cerca de las áreas de extracción del gas. Los impactos que dañan esos territorios han generado ya amplios movimientos sociales de rechazo al fracking. El daño local (contaminación y enfermedades) es la cara visible del daño global: el incremento de emisiones de gas que aceleran el cambio climático. En Europa se ha prohibido ya en varios países la utilización del fracking y en Estados Unidos se está luchando por ponerle restricciones y, en todo caso, impedir que prosiga su empleo. Una de las razones por las que en Estados Unidos se considera necesario prohibirlo, es porque no hay suficientes inspectores para vigilar que las empresas cumplan con las normas ambientales. En nuestro país sabemos que la situación puede ser incluso peor. El presupuesto dedicado a apoyar los trabajos de monitoreo ambiental es sumamente reducido, y por ende insuficiente para atender las necesidades de protección ambiental. Los desastres que hoy viven las comunidades de Sonora, a causa de los abusos de las empresas mineras, son producto de la corrupción, la falta de vigilancia y respeto a la normatividad ambiental.
4. Apostar por el crecimiento de la producción de gas utilizando el método del fracking es apostar por el desarrollo de un modelo depredador, muy semejante al que imponen las empresas mineras que en los últimos años se han instalado en nuestro país y que ahora pretenden entrar a territorio veracruzano. Esta minería se lleva los recursos que hay en el suelo y en el subsuelo, consume grandes cantidades de agua, y deja hoyos y venenos en la tierra. Sus promesas de empleo, como nos enseñan Sonora y también Oaxaca y San Luis Potosí, son más bien amenazas de contaminación, depredación y desastre regional.
5. La Reforma Energética ha colocado a la extracción del petróleo y el gas natural (con el fracking) como una actividad que tiene prioridad sobre otros usos del suelo. Eso quiere decir que las tierras donde se haya detectado la presencia de gas y petróleo se convierten en áreas donde el interés de las empresas energéticas es más importante que el interés de sus actuales propietarios por usarlas para actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Si el productor rural no acepta el cambio de uso del suelo, si no acepta este negocio, si no quiere vender ni rentar su tierra a las empresas energéticas, éstas pueden obligarlo a ceder la tierra, ya que la reforma energética ha generado leyes que así lo establecen. A este mecanismo lo llaman ‘ocupación temporal del suelo’, pero esa es la forma engañosa en que se nombra a la expropiación de la tierra. Se trata simple y sencillamente de un mecanismo que legaliza el despojo del suelo. Con ello, se ha abierto la puerta a un proceso que pondrá en marcha cientos de conflictos en todas las tierras donde haya reservas de gas y petróleo: conflictos donde los campesinos y los ganaderos, ejidatarios o pequeños propietarios, lucharán por preservar su patrimonio frente al interés de empresas privadas que con base en una ley antipopular buscaran imponer su negocio depredador. En términos geográficos, el despojo comenzará en la frontera norte, en la cuenca de Burgos, y bajará hacia tierras veracruzanas, tocando en primer término la llamada cuenca de Tampico, que abarca buena parte de la Huasteca, para proseguir con el llamado activo Nopaltepec, que se extiende por diez municipios ubicados entre el puerto de Veracruz y Tuxtepec, Oaxaca.
6. Las empresas que buscan hacer negocios generando energía no solo están interesadas en el gas y el petróleo. También están interesadas en el viento (que corre por nuestros territorios, porque ahí pueden instalar sus aerogeneradores) y en nuestros ríos, donde pretenden construir grandes represas. Ya conocemos los impactos negativos de estos proyectos (recordemos las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro), donde las empresas se llevan los beneficios y a nosotros nos dejan solo migajas. Los daños ambientales que causan las grandes represas en los ríos y la naturaleza que les rodea no solo afectan la calidad de las aguas de los ríos; también degradan los ecosistemas acuáticos y producen la desaparición de cuantiosos ecosistemas ribereños.
7. Los proyectos energéticos que buscan hacer negocios con nuestros recursos no toman en cuenta a las poblaciones y a su desarrollo regional. La energía quieren llevarla a los lugares donde pueden venderla a buen precio, sin importarles las necesidades locales. A estas alturas, nadie puede creer que los precios de los energéticos bajaran de precio, cuando todos los días vemos que el propio gobierno los encarece. De hecho, para impulsar estos proyectos, las empresas y el gobierno están dispuestos a violar los derechos humanos. La experiencia que tenemos con las presas ya construidas en México es que éstas obligan a desplazamientos forzados (recordemos el reacomodo autoritario de miles de familias chinantecas hacia el Uxpanapa), ocasionando la pérdida de tierras fértiles, fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales. Lo mismo pasará con los proyectos de fracking y de presas hidroeléctricas que están ya en curso en Veracruz. Cuando resistimos de modo pacífico, se criminaliza a los líderes de las comunidades que luchan por su patrimonio (y se atenta contra su vida: no podemos olvidar el infame asesinato de Noé Vázquez en Amatlán, por quien no dejaremos de exigir justicia). Por ello es que es indispensable mantenernos unidos, para impedir la arbitrariedad que se nos quiere imponer.
8. La Reforma Energética constituye un grave daño al patrimonio y el bienestar de todos los mexicanos. No es una opción aceptable. Como sociedad, tenemos que reducir la vulnerabilidad, la pobreza, la pérdida de recursos naturales. Esta reforma genera más vulnerabilidad en el territorio (nos hace perder agua, suelo, seguridad alimentaria); y no genera riqueza, sino que más bien empobrece a la gente: se despoja a los dueños del suelo, los pueblos campesinos e indígenas, de sus recursos. Y es una clara evidencia de la incongruencia de las políticas públicas: de un lado hablan de mitigar el cambio climático, pero del otro hacen todo para acelerarlo. La corrupción parece ser el principal lubricante de esta reforma. Exijamos transparencia y congruencia, y ante todo respeto a la voluntad popular: las mismas encuestas gubernamentales indican que más del 60 por ciento de la población no aprueba esta (contra) reforma energética.
*Asamblea veracruzana de iniciativas y defensa ambiental
