Aurelio Fernández F.
La Jornada
El «gobierno» de Rafael Moreno Valle quedó exhibido de cuerpo entero con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la represión en Chalchihuapan el 9 de julio. Es verdad que a muchos les pareció incompleta en tanto no señaló al mismo gobernador como responsable de aquellos hechos y, en particular, de la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo; ni siquiera responsabilizaron a su secretario de Gobierno, el flamante perredista y consejero nacional de ese partido Luis Maldonado. Sin embargo, quedó establecido en la resolución que fue un proyectil de la policía estatal el que mató al menor y no un cohetón, como ellos aseveraron de manera vergonzosa; que debía pedir perdón a la comunidad y sancionar a su procurador y al jefe de policía.
No han hecho nada para cumplir la recomendación ni se perciben precursores de alguna acción contundente, aunque llevan la mitad del plazo establecido por la CNDH. De hecho, marcha a toda vela lo que parece una programación de más acciones atentatorias contra los intereses de los ciudadanos: nuevas leyes en puerta para privatizar el servicio de salud, instalación de hidroeléctricas asociadas al Grupo México, expropiaciones en la zona arqueológica de Cholula y hasta la transformación de un querido parque poblano, el Ecológico, y un aviario que está en él, para poner tiendas de negocios privados. Pero en opinión de muchos, el mayor agravio es mantener en la cárcel a una treintena de ciudadanos que se atrevieron a manifestarse contra alguna de las reformas o de las acciones impuestas por Moreno Valle.
Una estimación hecha por organizaciones sociales del estado habla de unas 33 personas recluidas en celdas infames simplemente por ejercer sus derechos. Se estima que hay otras 10 en libertad condicional y otras tantas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. No se puede hablar de los que han sido detenidos en alguna protesta y luego puestos en libertad, porque superan el centenar, con toda seguridad.
El 10 de septiembre se llevó a cabo un foro en la Universidad Autónoma de Puebla, en el que se expusieron testimonios de familiares de los detenidos y gente que fue reprimida, como el señor Hugo Jiménez, quien perdió un ojo por el impacto de un proyectil de la policía aquel día, cuando iba acompañado por su esposa y su hijita, a quien habían ido a recoger a la escuela. En este foro fue presentado el llamado Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Persecución Social en Puebla, que está trabajando desde ese día.
La cifra de los presos sociales en Puebla es la mitad de los que estuvieron en la cárcel tres años por actuar en el mítico movimiento estudiantil de 1968. Pero entre los reos poblanos no hay estudiantes: la inmensa mayoría son campesinos, indígenas y ancianos, quienes protestaron contra la supresión del servicio del registro civil en sus pueblos y la instalación del gasoducto en el Popocatépetl; que se manifestaron contra la brutal represión a los mototaxistas, por la cancelación de sus rutas de transporte público o están detenidos por resistirse a la expropiación de sus tierras. No hay entre estos detenidos más de dos o tres participantes en política: son presos sociales encarcelados por los políticos.
Doña Enedina Rosas Vélez, una mujer de 55 años detenida desde el 6 de abril de este año por negarse a firmar como comisaria ejidal la autorización para el paso del gasoducto, tuvo que ser llevada la semana pasada al hospital por una bronconeumonía que adquirió en la cárcel y que se le ha vuelto crónica. Ya hubo que lamentar la muerte en prisión del nonagenario dirigente campesino Delfino Flores Melga, a quien se negó el derecho de que su proceso se llevara en arraigo domiciliario por ser mayor de 70 años.
Los abogados defensores aseguran que todos los procesos carecen de legalidad. Quienes acusaron a doña Enedina –dos empleados de la empresa Bonatti, que construye el gasoducto– no se aparecieron a ratificar su dicho ni se les encuentra en sus domicilios, y sin embargo no se concede la libertad a esta campesina, a quien acusaron de robar los celulares de estos individuos, y eso es considerado delito grave. Lo mismo puede decirse de los presos más conocidos, pero ni siquiera se sabe quiénes defienden a 30 de ellos. Las fianzas que se les piden son inalcanzables, como si se tratara de asesinos seriales: hasta medio millón de pesos piden los del gobierno por permitirles dejar la cárcel.
Por el más elemental sentido de humanidad, del que a todas luces carece Rafael Moreno Valle, hay que decir quiénes son estas personas y en qué condiciones se encuentran, para luchar para que se les libere. Seguramente en casi todo el país hay situaciones parecidas y es medianamente decente que cada uno luche contra las situaciones que tiene más cercanas, sin dejar de hablar de Nestora, de Mireles, de Mario Luna y tantos otros. Hay que dar rostro a estos hombres y mujeres que se encuentran sufriendo en las infames cárceles poblanas por el simple hecho de defenderse de palmarias injusticias.
