Pedro Zamora Briseño
Proceso
TEPIC, Nay. (apro).- Con 17 votos a favor y ninguno en contra y en medio de señalamientos de nepotismo y de opacidad en la designación de jueces, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto fue reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) para un periodo de cuatro años más.
Según el magistrado Emiliano Zapata Sandoval Blasco, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, la reelección de Enríquez Soto fue una imposición del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, quien la noche del domingo anterior reunió en su casa a todos los integrantes del TSJ para “darles línea”.
La propuesta de ratificar al presidente de la máxima instancia judicial de Nayarit provino del magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, secretario técnico del Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia en el estado, uno de los hombres más cercanos al Ejecutivo estatal y quien era considerado el prospecto con mayores posibilidades para relevar a Enríquez Soto.
La candidatura también fue respaldada por la magistrada Ana Isabel Velasco García y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, quienes también eran mencionados para encabezar el TSJ.
En entrevista con Apro, el magistrado Sandoval Blasco estimó que la reelección de Enríquez “es un acto que carece de toda lógica democrática republicana y solamente viene a confirmar que el Poder Judicial de Nayarit, a partir de finales de 2009, se encuentra sitiado virtualmente por un golpe de Estado”.
También denunció que Pedro Antonio Enríquez, sin tener carrera judicial, en los últimos años llegó hasta la cúspide de ese poder a partir de la promoción de leyes que lo beneficiaron directamente.
En 2009, ejemplificó, en su papel de subsecretario jurídico del gobierno estatal, a Enríquez Soto le correspondió impulsar junto con el entonces gobernador Ney González Sánchez la reforma legal que incrementó de 7 a 17 el número de magistrados del TSJ y, una vez aprobada por los diputados locales, él fue nombrado uno de los nuevos miembros del tribunal sin haber ocupado antes algún cargo en el sistema de impartición de justicia.
Junto con la reforma judicial fue derogada la prohibición de que magistrados y jueces obtuvieran ingresos de otras instancias distintas al Poder Judicial, lo que permitió a Pedro Antonio Enríquez y a dos magistrados más cobrar salarios como profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
Un año después, con el apoyo de Ney González y en especial de los nuevos magistrados, Pedro Antonio Enríquez fue elegido presidente del TSJ.
De acuerdo con Sandoval Blasco, desde principios de este año se planeó la reelección de Enríquez, cuando él y el entonces líder del Congreso, Armando García, convencieron al gobernador de realizar una reforma legal para eliminar la prohibición de que se reelija al presidente del TSJ.
Además, “de forma fascista cambiaron la Constitución local para desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa al que yo pertenezco, que es constitucionalmente autónomo, con el argumento de que sus funciones serán asumidas por el Tribunal Superior de Justicia”.
Inconforme por esta última decisión, el magistrado Emiliano Zapata Sandoval tiene interpuesto un juicio de amparo que se encuentra en revisión, y advirtió que de no encontrar respuesta a su reclamo, demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre otros cuestionamientos, hace unos días el secretario de acuerdos del juzgado de San Blas, Ricardo García Contreras, denunció ante Apro que en los cuatro años del primer periodo de Enríquez Soto en la presidencia del tribunal jamás se realizaron concursos de oposición para el nombramiento de jueces, pese a que en ese lapso hubo al menos siete vacantes, que fueron cubiertas con nombramientos por “ministerio de ley”.
Entre las designaciones se encuentra la de un hermano de Enríquez, quien de ser secretario de acuerdos en 2011, pasó de manera “provisional” a ser juez del municipio de Jala y hasta la fecha continúa en el cargo sin que se haya concursado la plaza.
En su discurso pronunciado en la sesión en la que fue reelecto, Pedro Antonio Enríquez se refirió a este tema y prometió que desde el Consejo de la Judicatura serán sentadas las bases “con transparencia y equidad para el proceso de designación de jueces de las vacantes existentes y las que están por venir, mediante convocatoria abierta como lo dispone la ley”.
También expuso que habrá reglas claras que permitan evaluar conocimientos, habilidades, competencias y destrezas con base en el perfil nacional de jueces que se construye desde la Comisión Nacional de Tribunales.
Asimismo, el titular del TSJ reconoció el trabajo de “cada uno de los que entregan su vida a Nayarit desde el sistema de justicia, pues sin su esfuerzo cotidiano nada sería posible: jueces, secretarios, notificadores, personal jurisdiccional administrativo y manual, los convocamos a estar a la altura de la presencia que cada día nos demanda la sociedad y las instituciones del poder público”.
Enríquez Soto señaló que vienen nuevos tiempos, ya que en diciembre se encuentra previsto el inicio de la primera etapa del nuevo sistema de justicia penal en la entidad, a la vez que se asumirá la justicia administrativa y esperarán las correspondientes reformas para concluir con la competencia en materia electoral.
Además, anunció el envío de una iniciativa al Congreso local para transformar el sistema de justicia familiar, ya que “no deseamos más familias nayaritas angustiadas, frustradas ante un sistema legal que exige una profunda transformación, que dé certidumbre y justicia a miles de familias que hoy enfrentan un problema de desintegración”.
