Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales advirtieron que la administración de Rafael Moreno Valle no adquirió algún aprendizaje del caso Chalchihuapan y sigue con su política de represión contra las movilizaciones sociales, con lo que agrava el estado de ingobernabilidad que priva en la entidad.
Agrupados en el Frente de Organizaciones Sociales contra la Represión y en Defensa de los Derechos Sociales en Puebla, los activistas y políticos manifestaron su solidaridad con el Círculo de Defensa de Cholula, cuyos integrantes fueron desalojados la madrugada del martes 7 de un plantón que llevaban a cabo frente a la alcaldía de San Andrés Cholula.
La detención de Adán Xicale, el abogado que encabeza la defensa contra el parque que pretende construir Moreno Valle en las inmediaciones de la Gran Pirámide, así como de su hijo Paul, de Albino, Primo Manuel y Odilón Tlachi, señalaron los grupos sociales, es parte de la estrategia que ha mantenido el gobierno para criminalizar la lucha social en lugar de escuchar las demandas de las comunidades.
En la conferencia de prensa cerraron filas la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo; Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, de la 28 de Octubre; Abraham Cordero Calderón, del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada; Marco Mazatle y Arnulfo Hernández, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).
Asimismo, estuvieron Isaías Cruz, del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup); Dora Luz Sánchez y Jorge Méndez, de Izquierda Democrática Nacional, y Javier Montes Bautista, de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), quienes exigieron la liberación inmediata de los cinco detenidos en Cholula, considerados presos políticos.
La diputada Roxana Luna dijo que el gobierno estatal mantiene su postura de utilizar las vías de la represión, en lugar del diálogo y la negociación para atender las demandas de grupos sociales.
Mencionó lo ocurrido un día antes en Cholula, donde un representante del gobierno fue a dialogar con los grupos inconformes por el desalojo, firma con ellos puntos de acuerdo y horas después éstos son desmentidos en un boletín oficial. “Es una burla hacia las organizaciones”, reclamó.
En su oportunidad, Mazatle adelantó que en la primera quincena de noviembre realizarán una marcha al Senado y a la Secretaría de Gobernación federal para manifestar su rechazo a las políticas de represión de Moreno Valle.
Javier Montes, edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, dijo que Moreno Valle parece no haber aprendido nada con lo ocurrido en su comunidad, cuando mandó un operativo policiaco a desalojar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco y resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie y ocho pobladores más heridos.
“Si lo que está pensando es que con eso la lucha va a acabar está equivocado, lejos de que la población lo vea como una manera de intimidarse, lo ve como una provocación y eso genera más conflicto”, reclamó.
También dijo que entre las comunidades hay mucho descontento por lo ocurrido la madrugada del martes, pues no sólo se detuvo a dirigentes del movimiento, sino que se golpeó a señoras de edad avanzada que se habían quedado en el campamento para cuidar la toma de la alcaldía.
El abogado Vladimir Luna Porquillo, quien lleva la defensa legal de los detenidos, dijo que las autoridades han incurrido en múltiples irregularidades, como que no se mostró orden de aprehensión, se modificó el escenario del supuesto delito, se incomunicó a los detenidos y se les sometió a golpes.
Especialmente se comentó el caso de Odilón Tlachi, que hasta ayer se desconocía que estaba detenido porque fue golpeado por los policías, que incluso tuvieron que llamar una ambulancia para que fuera atendido, y a la defensa sólo les reportaron que “ya le habían dado una pastillita” para atenderlo.
El abogado indicó que hasta ahora los cargos contra los cinco detenidos son por motín, pero se espera que se cumpla el plazo legal para saber si se ampliarán los cargos o se les dictará auto de libertad.
Integrantes del Círculo de Defensa Cholula indicaron que los trabajadores del ayuntamiento de San Andrés fueron llevados a declarar a la Procuraduría en contra de los detenidos, por lo que se presume que se les buscará fincar responsabilidades por “secuestro”, para evitar que puedan salir bajo fianza.
Por la mañana, los pobladores llevaron a cabo una asamblea en Tlaxcalancingo en la que determinaron trasladarse a Casa Aguayo para realizar un plantón, que mantuvieron hasta alrededor de las seis de la tarde, y luego se trasladaron hacia las instalaciones de la PGJE para realizar otra protesta.
Los manifestantes esperan que se cumpla el plazo legal de 72 horas para que se defina la situación de los detenidos, en el entendido de que existe un acuerdo con el gobierno estatal de que se les dictará auto de libertad.
En caso de que la Procuraduría estatal consigne a los cinco activistas, la asamblea acordó que incrementarán las acciones de protesta.
