Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Los tiempos de la diplomacia son lentos, pero en ellos va la vida de muchos mexicanos y va el dolor de 43 familias que no encuentran más que fosas y ninguna respuesta sólida de dónde están sus muchachos desaparecidos.
Este fin de semana se cumple un mes que elementos del “Estado mexicano” dispararon, asesinaron y desaparecieron a estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, y ya todos los organismos internacionales han “condenado” los hechos.
La movilización multitudinaria realizada en la Ciudad de México removió heridas de muchas familias que tienen años buscando a sus desaparecidos y a otros muchos les recordó una rabia contra el gobierno arrinconada en su corazón, cubierta por el ir y venir diario que nos hace indolentes para sobrevivir.
Pero finalmente el coraje, la furia contenida emergió. Pero como las condenas de organismos internacionales no bastan para encontrar a los jóvenes y menos aún para hacer pagar al responsable, el Estado mexicano, las autoridades estatales y municipales, los partidos políticos que en su infinita ambición de poder se convierten en cómplices de criminales, ellos mismos pasan a ser criminales.
El viernes 26 de septiembre se perpetró la desaparición de los 43 jóvenes, y de inmediato Amnistía Internacional (AI) se abocó a acompañar a los familiares, darles asesoría jurídica, apoyo psicológico; incluso la ONU en México hizo una llamado humanitario a los autores del crimen para que presentaran con vida a los jóvenes, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al gobierno mexicano “acciones inmediatas” y “proteger la vida de los estudiantes heridos y familiares”.
La condena internacional obligó a las «autoridades» a, por o menos mediáticamente, accionar. De repente los aparatos de inteligencia empezaron a funcionar y detuvieron al último Beltrán Leyva, Héctor “El H”, con quien ligarían a la pareja “municipal de Iguala”, María de los Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca; se detectó que fue “El Chucky” el que ordenó atacar al los jóvenes; luego detuvieron al “Sapo Guapo”, después a quien comandaba una de la células de los Beltrán Leyva, Salomón Pineda Villa, “El Molón”; más tarde agarraron a otro capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, y así, de líder en líder la PGR puso en evidencia que en Guerreros Unidos hay de todo menos “tropa”.
Mucha detención de líderes, nada del paradero de los jóvenes; mucha fosa clandestina que dejó de serlo porque detectó nueve, 10, 20, 25 fosas que sólo evidenciaron aún más al país de la impunidad y provocaron que de nuevo se abrieran las gavetas de los abultados expedientes sobre desaparecidos para ver si ahí, entre esas veintitantas fosas, no hay víctimas previamente reclamadas. Pero de los jóvenes normalistas, nada.
Declaraciones de todo tipo han surgido, bueno, hasta los oídos del padre Alejandro Solalinde, que radica en Oaxaca y por azares del destino pasó por Guerrero, aterrizaron versiones sobre lo que les pudo haber ocurrido a los 43 normalistas, todos de primer año. Pero nada claro sobre dónde están.
Se sabe quién se los llevó: el Estado mexicano. Se sabe que se les intenta colgar a los jóvenes “el milagrito” de guerrilleros o que tienen vínculos con el crimen organizado; se sabe que al gobierno le urge acabar con el caso aunque para ello tenga que hacer a los muchachos soñadores insurgentes o inconscientes mafiosos.
Pero el punto no es qué hacían los muchachos, eso se deberá determinar una vez que aparezcan, el tema aquí es que fueron desaparecidos por un órgano del Estado mexicano, que fue una desaparición forzada. Eso ya ha sido claro, que es un crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional.
Por eso preocupa que la diplomacia camine tan lenta, porque aunque las organizaciones internacionales saben que hubo participación del Estado, que hay videos donde se muestra a los policías llevándose a los jóvenes, no actúa más allá de una simple condena.
El Parlamento Europeo, por ejemplo, condenó el hecho pero a la par elogió el “esfuerzo” del gobierno por encontrarlos. Muchos esperaban que los legisladores europeos fueran más allá y detuvieran el flujo de 22 millones de euros que acordaron entregar a México entre 2014 y 2017 en un convenio de cooperación.
El acuerdo del Parlamento Europeo está condicionado al respeto de los derechos humanos, de ahí que algunos mexicanos pensaran que declararía eso, que efectivamente con los hechos de Iguala se constató la violación grave a los derechos humanos en nuestro país.
No fue así, el «gobierno» hubo de cabildear duro para bajar la presión y que todo quedara en una condena aunque sin sanciones de por medio.
Del otro lado, Estados Unidos. Al momento no ha emitido una declaración sobre el tema que pudiera poner en peligro la tristemente célebre “Iniciativa Mérida”, y que no es otra cosa que el instrumento de cooperación mediante el cual un pequeño caudal de dólares llega a nuestro país para combatir el poderío del crimen organizado.
Por cierto, este convenio conocido como Iniciativa Mérida también está condicionada al respeto a los derechos humanos en quien recibe la ayuda estadunidense, en nuestro caso México.
Falta un empujón, falta que nadie compre la versión de que fue la mafia quien se llevó a los normalistas y ahí quede el tema. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ya dijo que se investigará a los policías municipales por desaparición forzada. Este es el momento para seguir presionando, los mexicanos aquí y las familias afectadas en el extranjero.
Ya está claro que hubo desaparición forzada, ya está claro que fue por elementos del Estado, ello implica que hay un delito de lesa humanidad. Esta es la primera declaratoria que se debe lograr, luego vendrá otra, que se les encuentre y, si aparecen vivos, entonces se elevará a “crimen de Estado” y de ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los culpables de violar los derechos humanos tienen que ser juzgados; de lo contrario, persistirán la impunidad y el riesgo de más desapariciones.
La pereza de la diplomacia debe romperse y allá, fuera del país, es donde debe arrancarse el delito de lesa humanidad, debido a que en México los que investigan son juez y parte. No se debe aflojar el paso y las organizaciones civiles, defensoras de los derechos humanos, pueden accionar llevando la voz de los familiares a cada rincón del mundo. Los demás haremos lo que debemos hacer: seguir denunciando, seguir investigando, seguir con la rabia para que la apatía no vuelva a imponerse.
Es el camino y no hay otro: la denuncia pacífica en México y la presión de los organismos internacionales. Son dos acciones que pueden ayudar a encontrar a los 43 estudiantes de primer año de la escuela Norma Rural y, si se puede, a los otros miles y miles que han desaparecido en este país.
