- Saira Rodríguez ya se trasladó a Estados Unidos ante varias amenazas de muerte
- La CNDH no respondió a una petición similar
- En México, las medidas cautelares son para los políticos, para los famosos, pero no para las víctimas del crimen: diputado López Suárez
Enrique Méndez
La Jornada
Cuatro meses después de que se solicitó protección para Saira Rodríguez Salgado, la Secretaría de Gobernación (SG) ofreció otorgarle medidas cautelares, incluso cuando la hija de Nestora Salgado ya se había autoexiliado por las constantes amenazas de muerte que recibió presuntamente del crimen organizado. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no respondió a una petición similar.
El caso de Rodríguez Salgado, así como los de miles de ciudadanos en el país, es el ejemplo claro de que las personas están en la indefensión a pesar de que existe un sistema de organismos independientes que debía evitar violaciones a los derechos humanos, expuso el diputado federal Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
‘‘En México, las medidas cautelares son para los políticos, para los famosos, pero no para los ciudadanos que son víctimas del crimen organizado o de abuso de autoridad’’, manifestó el legislador.
El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro informó que el jueves pasado, tres días después de que Saira Rodríguez abandonó México para viajar a Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación planteó al Gobierno del Distrito Federal que se le otorgara seguridad.
‘‘Después de una serie de amenazas, en junio solicitamos medidas cautelares a Gobernación y a la CNDH. Se le otorgaron en el estado de Guerrero y en la ciudad de México, ante la nula respuesta y porque el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) nos pidió hacer el trámite al día siguiente; argumentó que no podía responder porque llovía’’, refirió.
Sostuvo que de no haber sido por las medidas otorgadas por los gobiernos de Guerrero y del Distrito Federal, ‘‘la habrían asesinado, porque ni la CNDH ni la CDHDF ni Gobernación lo hicieron’’.
En entrevista, indicó que este hecho refleja que en México se ha registrado un retroceso en la protección a los derechos humanos, que se agrava por la ‘‘complicidad’’ que, señaló, existe entre el gobierno federal, la CNDH y los gobiernos de los estados y sus comisiones locales.
‘‘No hay intención de mantener su independencia y el gobierno federal y de los estados ejercen presión sobre los órganos ‘autónomos’ y esto da como resultado que no haya eficacia en la defensa de los derechos humanos’’, dijo.
Ello se reflejó, añadió, en la recomendación que emitió la CNDH sobre el asesinato de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas. El ombudsman, recordó, no incluyó testimonios de los familiares o de sobrevivientes.
‘‘Lo anterior nos lleva a pensar que de acuerdo con la conveniencia política del gobierno en turno es como se resuelven las recomendaciones. Hay una complicidad pactada entre los órganos autónomos y el Estado mexicano. Se escogen ciertos personajes para ponerlos como presidentes (de las comisiones) quienes, una vez designados, hacen como que investigan y no emiten recomendaciones que incomoden. No son todos los casos, pero es la constante’’, expuso el diputado.
Consideró finalmente que hace tres lustros se registró en el país un auge en la defensa de los derechos humanos, pero ahora se ha ido en picada.
‘‘Hemos retrocedido a la época en que no había un defensor del pueblo y estamos trabajando en una iniciativa de ley general de derechos humanos, que no existe, para presentarla en este periodo ordinario’’, concluyó.
