Paula Carrizosa
La Jornada
“En la disputa económica por el territorio vamos perdiendo”, afirmó el senador Manuel Bartlett al dar un repaso de cómo ha sido la entrega de los recursos nacionales y patrimoniales de México a manos de las empresas trasnacionales como parte de un proceso avalado por el Estado mexicano.
En la Universidad Iberoamericana campus Puebla, en el marco del Foro Cuidado y defensa del territorio frente a políticas depredadoras que se realiza esta semana, el ex gobernador de Puebla señaló que desde el sexenio de Ernesto Zedillo hasta el de Felipe Calderón se han entregado 96 millones de hectáreas a empresas canadienses y estadounidenses, y en menor medida a industrias chinas.
“Las grandes empresas que tienen más de la mitad del territorio concesionado no pagan impuestos, en algo que es un hecho antieconómico, porque el poder económico va imponiendo sus condiciones sobre el patrimonio y la riqueza del país”, dijo.
Ante un público universitario, el senador del Partido del Trabajo dijo que en el tema de la disputa económica del territorio debe entenderse, en primer lugar, que el Estado es una integración de tres entes: el pueblo, el territorio y su gobierno.
“La definición normal define a México como una nación, con una supervivencia de siglos de los pueblos originarios y una población mestiza, con un territorio vinculado con la primera potencia del mundo, lo que es algo bueno y malo, y con un gobierno que tiene la obligación gobernar, de conducir bajo la Constitución de 1917”, explicó.
Señaló que a partir de este modelo “revolucionario” el país dejó de ser feudal, caracterizado porque unas cuantas personas tenían el poder y la mayoría eran esclavos. Este nuevo paradigma, prosiguió, fue impulsado por una clase media pequeña que luchó por un aspecto de suma importancia: la democracia, hasta ese entonces inexistente.
La del 17, continuó el senador Manuel Bartlett, representó un pacto nacional entre todos los personajes de ese nuevo esquema, y en el que una parte importante iba en la búsqueda de su construcción.
El subsuelo que pertenece a la nación, un principio revolucionario
Manuel Bartlett mencionó que desde su inicio la reforma agraria se destacó por la división de los latifundios y la entrega, a un ritmo propio y siempre frente a los intereses de Estados Unidos, de la tierra a los ciudadanos, como reflejo de la reivindicación de lo nacional.
Dentro de estas reformas, explicó, un principio revolucionario fue que el subsuelo, no solo el territorio, pertenecen a la nación.
“En los años 20 del siglo anterior –continuó– México era uno de los países, sino es que el primero, en producción del petróleo con esas empresas internacionales establecidas en el territorio, que operaban de acuerdo con una reforma de la Ley Minera dada en el periodo de Manuel González que refería a una reglamentación colonial en la cual el subsuelo era del rey, por lo que en pleno siglo XX se establece que el dueño del territorio también lo es del subsuelo”.
Así, dijo el senador, el régimen revolucionario tuvo ese objetivo: recuperar la estructura territorial de la nación mexicana, como parte de un movimiento nacionalista, con el cual también se recuperara el subsuelo.
“La ilusión del modelo neoliberal nos coloca antes de 1917”
Manuel Bartlett advirtió que “con la ilusión del modelo neoliberal”, el estado creó otras nociones de posesión del territorio, a partir de la apertura, la desreglamentación y el dominio de las grandes empresas trasnacionales.
Con ello, vino de regreso lo que vivió el país antes de 1917. Como ejemplo citó el caso de los ejidos, propiedades sociales que no están en el mercado y deben ser protegidas de los embates del dinero, pero que con las nuevas reformas pueden ser “arrendadas” por las empresas neoliberales.
“Con el Tratado de Libre Comercio se abren estas limitaciones a la inversión extranjera, a reglamentar con la idea que es el mundo por encima de lo nacional, abriéndose siempre con simulaciones y mentiras, creando nuevas posesiones, en donde los campesinos son sometidos al régimen”.
Además de los cambios de los terrenos ejidales, Bartlett Díaz mencionó la actual reforma impulsada en el senado por el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, con la cual los 50 kilómetros de las costas y las fronteras que son protegidos por el Estado mexicano, sean libres de ser ocupadas por las empresas privadas.
“Ya quitaron la limitación en cuanto a la comercialización de las tierras ejidales, y ahora van con estos dos espacios que permitirán la intromisión extranjera”.
El senador expuso que lo mismo pasa con la cuestión minera, en donde está concesionada más de la mitad del territorio nacional a las empresas extranjeras, principalmente las de origen estadounidense.
Esta ocupación, continuó, se extiende al campo de la energía como lo es el petróleo el cual, según la Constitución antes de las reformas, debe estar en manos del estado. “Ahora se verá un cambio en la penetración de las trasnacionales que se hará de manera obligada o en convivencia con los estados, estableciendo un régimen jurídico ajeno al mexicano, en una acción que es de perversión”.
Añadió que aun cuando el petróleo en el subsuelo sea mexicano, el gobierno mexicano está obligado, por tratados internacionales, a darles a las empresas extranjeras el territorio que necesiten para su desarrollo, haciendo del subsuelo una materia hipotecable por la propia ley y perdiendo los derechos de protección.
“El Estado mexicano perdió el dominio del subsuelo, regresamos a 1916, al siglo pasado, en donde la superficie está afectada por tener como asunto prioritario la expropiación y la cesión de la industria y las zonas petrolera y minera”.
