Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Alcaldes de los municipios afectados por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, acusaron que representantes del Grupo México los presionan para firmar una constancia de supuestas labores de limpieza en 98.3% de la cuenca contaminada.
Pedro Armando Lugo, alcalde de Aconchi, comunidad ubicada a unos 120 kilómetros al noreste de Hermosillo, denunció que la empresa de Germán Larrea los “chantajea” con retirarles el servicio de agua purificada –que opera desde el agosto tras la emergencia–, si no firman el documento que asegura que el río ha sido saneado tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre y metales pesados el pasado 6 de agosto.
“Lo cierto es que las cuadrillas de Grupo México han trabajado poco y donde les conviene pero el río sigue contaminado”, sentenció el presidente municipal.
Ante la negativa de los ediles a firmar bajo presión la constancia, la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora inició el retiro de las plantas purificadoras y el servicio de agua en pipas a los más de 25 mil habitantes afectados.
De visita en Sonora, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo, justificó que con esta constancia “sólo se da fe” que el consorcio trabaja en la cuenca contaminada y defendió que, como el abastecimiento de agua potable avanza, personal de las pipas trabaja en otras asignaciones.
“Nadie los debería estar presionando ni mucho menos amenazando… Si tienen las pruebas que así es, ellos (los alcaldes) tienen a su disposición toda la ley para actuar”, comentó el funcionario federal.
El documento –cuya copia tiene Apro– asegura que la minera Buenavista del Cobre obliga a los alcaldes a avalar que desde el pasado 8 de agosto –dos días después del desastre ecológico– una cuadrilla de mil 200 trabajadores limpiaron diariamente la cuenca hasta alcanzar 246.6 kilómetros de un total 250.4 kilómetros.
De firmar, los alcaldes constatarían que las empresas MCC, M3, ICA, Flour, Coesin, Trax, Ocitrimex, Tierra Caliente, Gluyas, Cosntruram, Iccsa, Mc Desert y TTC realizaron esta labor.
Además en el texto les piden apoyo para respaldar ante la Federación que desde hace casi dos meses utilizaron maquinaria pesada –tractores, cargadores frontales, camiones de volteo, retroexcavadores y motoconformadoras–, para el levantamiento superficial de la tierra contaminada.
En esta “garantía” se anexa copia al procurador ambiental, Guillermo Haro Bélchez, a fin de convertirse en un reporte de la primera etapa de trabajo en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Levantan fase de emergencia
Con base en estudios realizados por instituciones públicas y privadas encabezadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el gobierno federal levantó la fase de emergencia por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, a causa del derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México.
La medida se anunció tres meses después de que el pasado 6 de agosto, la mina de Cananea derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el cauce de ambos ruidos. Aun cuando era una sustancia tóxica, Grupo México avisó al gobierno federal 24 horas después y las autoridades esperaron hasta el día 8 para emitir una alerta y restringir el uso del agua. El derrame provocó la muerte de miles de peces y afectó la vida y economía de los habitantes.
En un comunicado, la Cofepris informó este martes que la Secretaría de Medio a Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la encargada de iniciar la fase de remediación ambiental, luego de que los monitoreos realizados en los pozos demostraron que el agua presenta niveles dentro de la norma y es apta para su consumo humano.
Esta fase incluirá la elaboración del programa para reconstruir las carreteras deterioradas por el paso de las pipas de agua potable, así como la participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el nuevo ciclo productivo.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que ya existen bases suficientes para que, gradualmente, “la vida de la población afectada regrese a la normalidad”.
Destacó que los 31 pozos ya se entregaron a las autoridades municipales desde el pasado 8 de octubre; también solicitaron a los alcaldes de las zonas afectadas abrirlos y conectarlos para seguir con los monitoreos cada 15 días.
Agregó que como medida preventiva y suplementaria continuarán con la perforación de 13 nuevos pozos y no se suspenderá la entrega de tinacos. A la fecha se han entregado 3 mil 989 y se han instalado mil 33; además permanecen 11 plantas potabilizadoras y la instalación de 37 más en los municipios afectados, así como el pago de los últimos recibos de energía eléctrica.
Sobre las indemnizaciones, el también coordinador de la Comisión Intersecretarial para la atención de la emergencia destacó que ya se entregaron los pagos a más de 4 mil productores agrícolas y ganaderos, más de mil 400 comercios, empresas y prestadores de servicios y más de 7 mil 600 familias con toma domiciliaria.
Agregó que se va a incorporar al padrón de beneficiarios a quienes realizaron tareas de jornaleros y no estaban considerados originalmente. “Hemos comenzado el levantamiento del censo correspondiente”, dijo.
El informe fue resultado de una reunión de trabajo encabezada por Navarrete Prida, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías; y los alcaldes de los siete municipios afectados por el derrame: Pedro Armando Lugo López, de Aconchi; Vidal Vásquez Chacón, de Arizpe; Jesús Lauro Escalante Peña, de Banámichi; Francisco Javier Durán Villa, de Baviácora; María Delfina López Quijada, de Huépac; José Eleazar de la Torre Curiel, de San Felipe de Jesús y José Manuel Valenzuela Salcido, de Ures; entre otros.
