Redacción EE
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró que los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre el Iguala, Guerrero, que derivó en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, refleja “una gravedad extrema, similar a lo ocurrido en Tlatelolco en 1968″.
Vivanco reconoció que no hay una situación similar a los hechos de Iguala, “En la época de los sesentas se producían ese tipo de desapariciones masivas donde nadie rendía cuentas, pero este caso se produce en el siglo XXI”, puntualizó.
Puso de manifiesto que este crimen fue posible gracias a la participación de la policía municipal de Iguala, en complicidad con la delincuencia organizada.
Para Vivanco, la impunidad, corrupción e infiltración del narcotráfico en cuerpos de seguridad que se agudizaron durante el combate militar antidrogas de Felipe Calderón (2006-2012) permanecen bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, que mantiene «las mismas prácticas y la misma actitud» ante las violaciones de derechos humanos.
“Los derechos humanos y la seguridad pública son temas que no son prioridad para el actual gobierno, pues son temas tóxicos que dañan la imagen del país”, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Vivanco dijo que “la explicación de lo que ocurrido en Guerrero es producto de la impunidad que priva en México desde hace ya muchos años (…) La regla en México es la impunidad, no es la excepción”, aseveró.
Sobre la actuación del Gobierno federal en este caso, Vivanco expresó que el Presidente Enrique Peña Nieto y su administración reaccionaron “tarde y mal”.
Advirtió que la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se da en un contexto de crisis en materia de derechos humanos.
“Los derechos humanos y la seguridad pública son temas que no son prioridad para el actual gobierno, pues son temas tóxicos que dañan la imagen del país”, expuso.
Sobre el caso Tlatlaya, advirtió que el doble crimen, el de ejecución y el de encubrimiento por parte de las autoridades, “son de los más graves registrados en la historia contemporánea de México y de América Latina”.
