Elio Henríquez
La Jornada
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que la liberación de tres indígenas sentenciados por la masacre de 45 personas ocurrida en Acteal en 1997 “es la impunidad consumada”.
A través de su director, Víctor Hugo López Rodríguez, agregó que “sin ser pesimistas, el escenario que se avizora para otros crímenes de este tipo ocurridos en el país es inclusive la impunidad legalizada”.
Abundó: “Nos parece que este precedente de Acteal será el curso que podrían tomar otros hechos como los de Pasta de Conchos, de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y Ayotzinapa, Guerrero; es como el adelanto del mensaje oficial que el Estado y el aparato de justicia están dando”.
Entrevistado en sus oficinas, insistió en que la liberación de los tres tzotziles “es una mala señal del Estado porque ocurre justo cuando estamos exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la reparación y la justicia y lo que estamos encontrando en lugar de respuestas para este caso es la liberación y la impunidad para quienes comenten delitos”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el pasado miércoles la inmediata liberación de Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alfredo Agustín Hernández Ruiz, quienes junto con otros 72 indígenas acusados promovieron un amparo –recurso de reconocimiento de inocencia–, luego de ser sentenciados por los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Al respecto, López Rodríguez aseveró: “Nos preocupa mucho que la SCJN sea parcial en su actuación en términos de sólo ubicar faltas al debido proceso e irregularidades en el procedimiento, inclusive señalando a la Procuraduría General de la República (PGR) como responsable de ese procedimiento pero sin ir al fondo del asunto y ni siquiera determinar si son o no responsables”.
Subrayó: “Nos preocupa que inclusive varias de las personas liberadas son autores materiales confesos y así aparecen en el estado; que la SCJN sea parcial en ese sentido y que desestime un valor de fondo nos parece que el costo social puede ser alto”.
Manifestó que en otros casos en los que ha pronunciado la SCJN “ha sido cuidadosa en sus fallos para resguardar la paz social pero en este caso no lo está haciendo, pues el tejido social y nuevos conflictos podrían reactivarse por fallos y decisiones de este tipo”.
Reiteró que “el mensaje es dejar en impunidad a los autores y generar nuevos escenarios de conflictividad que ponen en riesgo la estabilidad y la paz social. Ese es le mensaje que nos está dando la SCJN”.
Dijo que conjuntamente con la organización de la sociedad civil Las Abejas, a la cual pertenecían las víctimas, decidirá “cuál es el nivel de acción y el posicionamiento que tendríamos que adoptar” después de la liberación de los tres indígenas.
