Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Aproximadamente a las 3:45 de la madrugada fue detenido Javier Montes Bautista, alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quien es acusado de participar en el enfrentamiento ocurrido el 9 de julio, cuando el niño de su comunidad, José Luis Tehuatlie Tamayo, fue asesinado por policías estatales.
Familiares del edil dieron a los medios de comunicación la alerta de esta detención, porque temen por la integridad de Montes Bautista, quien en distintas ocasiones se ha confrontado con el gobierno de Rafael Moreno Valle, por respaldar a los habitantes de su comunidad.
Desde el 18 de octubre, el edil auxiliar se encontraba oculto porque ya se sabía que la Procuraduría de Justicia de Puebla había emitido una orden de aprehensión en su contra, según el gobierno estatal para “cumplir” con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso de Chalchihuapan.
Aunque ha sido omiso en casi la totalidad de las recomendaciones, como proceder contra los funcionarios que estuvieron al frente del violento operativo del 9 de julio y reparar el daño a las víctimas, el gobierno de Moreno Valle se ha fundamentado en el resolutivo de la CNDH para detener a habitantes de Chalchihuapan.
Aracely Bautista, madre del alcalde auxiliar ahora detenido, ha denunciado en distintos foros la persecución y venganza que el gobierno de Moreno Valle ha desatado en contra de Chalchihuapan por el hecho de que se han mantenido firmes en reclamar justicia en torno al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
De hecho, Javier Montes fue orador en distintos foros en los que narró los hechos del 9 de julio, cuando asegura que los pobladores de esa localidad sólo reaccionaron ante la agresión y por el enojo que les provocó enterarse, en ese momento, que los uniformados habían causado la muerte de un niño.
Además, el edil forma parte de la directiva de la Coordinadora Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) que reclama el derecho histórico de sus comunidades, la mayoría indígenas, de contar con oficinas de Registro Civil, Jueces de Paz, policías y ministerio público, que les fue retirado por modificaciones legislativas que impulsó el gobierno de Moreno Valle.
Pero una de las principales afrentas que, a los ojos del mandatario poblano, pudo haber hecho Montes Bautista es que, con el apoyo de su comunidad, colocó una placa a las afueras de las oficinas de la junta auxiliar de Chalchihuapan que decía: “En memoria de nuestro niño héroe José Luis Tehuatlie Tamayo asesinado por el represor Rafael Moreno Valle”.
Aparte, la expulsión la semana pasada de Elia Tamayo, madre del niño asesinado, y de Aracely Bautista, madre del edil, de las instalaciones donde se llevaba a cabo el Congreso Mundial por la Infancia y la Adolescencia, generó una serie de pronunciamientos de organizaciones internacionales en contra del gobierno de Moreno Valle.
Las agrupaciones y los activistas de distintos países no sólo se han solidarizado con la lucha que encabeza Tamayo, sino que han anunciado que llevarán el caso ante instancias internacionales como Amnistía Internacional.
El operativo policíaco que ingresó la madrugada del 18 de octubre a Chalchihuapan, ubicada en el municipio de Ocoyucan, tenía entre sus objetivos detener a Montes Bautista, pero el edil no se encontraba en su casa.
Igual, los ministeriales allanaron al menos seis casas de esa comunidad, al romper puertas y ventanas, amenazar a familias y golpear a mujeres, niños y ancianos, para llevarse detenidos a cinco pobladores que los responsabilizan por lo ocurrido durante el operativo de desalojo que derivó en la muerte del niño.
Esto a pesar de que los peritos de la CNDH dejaron en claro en su dictamen que la represión policíaca fue planeada, que los uniformados dispararon primero y a quemarropa contra los pobladores, que los persiguieron hasta las calles del pueblo, que los civiles heridos no recibieron ayuda médica y que detuvieron sin fundamento a cuatro pobladores y los acusaron del crimen.
Además, de que la tesis que defendió el gobierno de Puebla, de que el niño murió a causa de la onda expansiva que generó un cohetón que lanzaron los vecinos de Chalchihuapan, no tenían ningún sustento.
