La libertad de culto, como el resto de las garantías constitucionales de los mexicanos, valen sorbete para el PRI asesino.
Isaín Mandujano
Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Luego de 25 días en plantón, alrededor de 3 mil evangélicos marcharon por calles de esta ciudad para exigir la intervención del gobierno de Manuel Velasco en el conflicto social que se vive en la entidad originado por la intolerancia religiosa.
Además, advirtieron que si no se atiende el tema de los desplazados, esta misma semana iniciarán una huelga de hambre.
El representante de la Confraternidad de Pastores de Chiapas, José Luis Ovando Núñez, señaló que después de varios años de sufrir la expulsión de sus comunidades, el pueblo evangélico decidió salir a las calles para exigir al gobierno estatal que promueva el diálogo y el pronto retorno.
“Salimos a las calles todos para decir (a esas familias) que no están solos, que somos una sola familia y que vamos a apoyarlos en su reclamo ante el gobierno”, precisó.
Ovando Núñez indicó que en Chiapas se tiene un recuento de más de mil 400 personas de 86 familias, las cuales han salido de sus comunidades de manera forzada, principalmente de los Altos y la región Fronteriza.
Expuso que cada día se violan en el estado los derechos de profesar la fe religiosa con libertad, como lo consagra la Carta Magna en México, sin que las autoridades intervengan para poner fin a esa intolerancia.
Y aseguró que los católicos tradicionalistas son los principales expulsores de los evangélicos en Las Margaritas, Huixtán, Chiapa de Corzo, Comitán, Venustiano Carranza, entre otros municipios.
Los inconformes dieron a conocer que en diversas ocasiones han dialogado con el gobierno estatal, pero no se ha resuelto de fondo la conflictividad por la intolerancia religiosa que se vive en Chiapas.
Subrayaron que desde hace 25 días alrededor de 50 familias mantienen un plantón pacífico afuera del palacio de Gobierno, pero hasta ahora sus demandas no han sido escuchadas.
Alertaron, asimismo, que las condiciones políticas y sociales están dadas para que se desate otra agresión como la ocurrida en Acteal en diciembre de 1997.
Finamente, advirtieron que si el gobierno no interviene se verán en la necesidad de emprender una huelga de hambre para ser escuchados.
