Redacción La Jornada
Iguala, Gro. Ciudadanos reclamaron al subdirector de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Joaquín Torres Osorno, que su personal permitiera a peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado exhumar los cuerpos hallados el domingo pasado en la zona de La Laguna, al poniente de la cabecera municipal de esta localidad.
Reunidos en el salón de la parroquia de San Gerardo, los familiares de desaparecidos reclamaron que ya se había firmado un acuerdo para conformar una comisión de 13 personas que tendría acceso al proceso de exhumación, pero no se respetó, e incluso el personal de la Gendarmería Nacional que acordonó el lugar les impidió el acceso a las fosas.
Cerca de las 16 horas, los familiares y Miguel Jiménez Blanco, representante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, pretendieron ingresar en el lugar, pero los efectivos de la Gendarmería lo impidieron de nuevo. Los ciudadanos optaron por permanecer allí.
Horas antes, en Chilpancingo, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) efectuaron nuevas protestas que incluyeron la visita a varias oficinas de gobierno y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Primero se presentaron en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde solicitaron las llaves de los vehículos de los funcionarios, pero no se les hizo caso; entonces advirtieron que los quemarían.
Pasaron algunos minutos. Uno de los dirigentes, bomba molotov en mano, se dirigió a los automóviles y comenzó a contar: «Uno, dos, tres…»; cuando llegó al número 30 el consejero electoral René Vargas le gritó que el auto era suyo y le entregó las llaves. Otros cuatro consejeros, incluida la presidenta Marisela Reyes Reyes, siguieron el ejemplo. En total se llevaron cinco automóviles Jetta y dos camionetas del personal operativo.
Algunos activistas pintaron en el inmueble. «Ni se les ocurra andar impulsando elecciones hasta que no aparezcan con vida los 43 compañeros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa», advirtieron.
Antes, en otra «visita» a la dirección de Carrera Magisterial de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), desalojaron al personal, tiraron al piso la documentación de los escritorios y quemaron una lona.
Otros contingentes se trasladaron a la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde el secretario Hilario Ruiz Estrada presidía una conferencia por Internet; los manifestantes ingresaron en el auditorio y corearon: “Charros, intégrense a la lucha”, luego hicieron pintaron consignas y rompieron algunos cristales. Nervioso y temblando, Ruiz Estrada gritaba: «¡Hay que enfrentar a esos cabrones!», pero nadie le hizo caso.
Los contingentes de la Ceteg también acudieron a la Subsecretaría de Finanzas de la SEG, desalojaron a los empleados y los hicieron pasar por una valla de maestros, quienes les gritaban: «¡Traidores, únanse a la lucha!» Luego hicieron pintas relativas al movimiento por los desaparecidos de Ayotzinapa.
«No nos vamos a rendir»
En Acapulco, unas 400 personas, la mayoría estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y familiares, se reunieron en el parque frente al asta bandera, donde efectuaron un acto cultural y pidieron el apoyo de la sociedad, porque «no nos vamos a rendir», expresó uno de los padres.
Horas antes, en el mismo puerto, integrantes de la comisión política del Movimiento Popular Guerrerese llamaron a desconocer al alcalde Luis Walton Aburto e instaurar un poder popular a partir del 29 de diciembre.
Efraín Rey Fuentes López, uno de los líderes, señaló que del ayuntamiento se hará cargo una asamblea permanente hasta que se nombre un concejo y desaparezcan los poderes del alcalde Luis Walton, como parte de las acciones por la desaparición de los 43 normalistas y las contradicciones en que ha caído la investigación del Estado.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del estado, Bertoldo Martínez Cruz, dijo: «Ya desconocimos al gobierno de Ángel Aguirre, ahora no existe interlocución con el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez», negó que la autoridad estatal se haya reunido con familiares de desaparecidos.
