Mathieu Tourliere
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- En una carta abierta dirigida a Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), el coordinador del programa global de protección de Artículo 19, Ricardo González, exige que el gobierno capitalino transparente el proceso de decisión que desencadenó la represión policíaca de la manifestación del 20 de noviembre en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Mancera y Rodríguez durante una entrega de equipo táctico a policías del DF.
Foto: Octavio Nava
En su misiva, publicada en el portal Animal Político, González pide a Almeida que exponga los motivos de no advertir a los manifestantes que los granaderos estaban por desalojar el Zócalo capitalino, “como dictan los estándares internacionales en la materia”.
Al no hacerlo, la SSPDF “puso en riesgo la integridad física de las miles de personas que se encontraban ahí y pudo haber ocasionado una estampida o algo peor”.
Asimismo, González denuncia que “argumentar defensa propia para pretextar los abusos de la policía es simplemente una falacia autoritaria”, por lo que llama a Almeida a rendir cuentas.
“Que responda a las fundadas sospechas sobre la violencia institucional e institucionalizada que ejerce el personal a su cargo en el contexto de marchas y protestas sociales en lugares públicos”, reclamó.
El desalojo del Zócalo, abunda González, fue llevado a cabo por “una agrupación de granaderos mal entrenada, mal dirigida y que viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de manifestantes, prensa y transeúntes”.
Y acusa que Almeida “ha decidido olvidar” que cualquier respuesta policiaca debe aferrarse a los principios de proporcionalidad, gradualidad y racionalidad. De lo contrario, no se puede establecer una diferencia entre las autoridades y los autores de actos vandálicos.
González insiste en que la brutalidad policiaca representa “el recrudecimiento del patrón de represión” de los granaderos, cuya agrupación sufre de “bajísimas capacidades técnicas para la protección de los derechos e integridad física y psicológica de la ciudadanía”, así como de “condiciones laborales paupérrimas”.
