México, 3 de diciembre 2014 (NOTIGODÍNEZ).- El ciudadano chileno Laurence Maxwell, detenido arbitrariamente el pasado 20 de noviembre durante los desmanes de infiltrados en el Zócalo capitalino, no abandonó México voluntariamente como se ha difundido en los medios, sino que fue deportado por el régimen usurpador de Peña Nieto.
Así lo afirmó hoy el exdiputado federal y activista de la Asamblea Nacional por la Independencia de México (ANIMO), Gerardo Fernández Noroña, en un artículo escrito por él mismo y difundido en un portal de Internet.
Fernández Noroña revela por segunda ocasión –ya lo había hecho en su Twittcam el pasado domingo– que nunca fue su intención «negociar» para liberar a los 11 detenidos del 20 de noviembre. Las cosas ocurrieron al revés: su determinación de protestar en la «casa blanca» de Peña Nieto terminó derivando en la liberación de los 11 presos políticos, pues la mansión de Sierra Gorda 150 parece ser el punto más débil de Peña Nieto en estos momentos. Tanto la liberación de los jóvenes como la deportación del chileno Laurence Maxwell, fueron decisiones «políticas» del régimen para abrir una válvula de escape, desarticular las protestas en Sierra Gorda y desviar la atención lejos de ese monumento a la corrupción peñista.
A continuación el artículo de Gerardo Fernández Noroña:
LA DEPORTACIÓN DE MAXWELL
El día de hoy, el chileno Laurence Maxwell, quien fue detenido junto con otras 10 personas más el 20 de noviembre, parte para su país. Me dirán que se regresa, a pesar de que se encontraba estudiando un doctorado en la UNAM, por una decisión personal. No es así, Maxwell fue deportado por el desgobierno mexicano.
El desgobierno de Peña Nieto dirá que es falso, que liberaron a Maxwell sin condición alguna y que se va por su propia voluntad. Negará la deportación, de igual manera que negó la negociación para lograr la liberación de los once detenidos el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
No puede ser de otra manera, en ambos casos sería ilógico y ridículo pensar que el desgobierno aceptara semejantes situaciones. Bajo ninguna circunstancia lo aceptaría pues sería reconocer que no se vive un estado de derecho en el país.
Quienes hasta ahora han sostenido la tesis de una solución jurídica a un problema político en la liberación de los ex presos políticos del 20 de noviembre se contradicen de manera increíble. Estoy seguro, que en platicas privadas y en posiciones públicas, han sostenido lo que todos sabemos que sucede en México: que no hay un estado de derecho.
La detención de los once ex presos políticos del 20 de noviembre fue una decisión política. Los cargos de delincuencia organizada, terrorismo e intento de homicidio entre otros, fueron una decisión política. La detención en la SEIDO y su envío en la madrugada el 22 de noviembre a penales de alta seguridad en Veracruz en Nayarit también fue una decisión política.
El no permitir que los detenidos nombrarán abogados y el no avisar a abogados y familiares de su traslado a penales de alta seguridad, fue una decisión política.
El retiro de los cargos absurdos y excesivos que inicialmente la PGR inventó a los detenidos el 20 de noviembre, fue una decisión política.
La liberación de los once ex presos políticos el sábado 29 de noviembre, fue una decisión política. La decisión del juez de liberarlos y la decisión de la PGR de no apelar la decisión del juez, fue una decisión política.
No es la primera vez que esto sucede. Los presos políticos de 1968 fueron liberados en 1971, previa negociación política, justo con la condición de salir exiliados a Chile. Usando como pretexto que iban a estudiar al citado país andino.
Muchas voces, organizaciones, abogados y defensores de derechos humanos, actuaron para exigir la libertad de los presos políticos del 20 de noviembre, pero la decisión política de su liberación fue tomada por un acuerdo conmigo. ¿Por qué se tomó ese acuerdo y porque insisto en demostrar lo obvio? Me parece curioso que en un país donde se viola la ley de manera sistemática y donde las cárceles están llenas de pobres e inocentes, se insista en la versión de que apelando al estado de derecho como se logró la reparación de una bárbara injusticia.
Si Maxwell se regresa hoy a su país es justo porque nunca negocié la situación particular de los detenidos. Desde un inicio me ofrecieron la salida del chileno y de Atzín y no lo acepté, exigí la liberación de los once. No repetiré aquí toda la historia, sólo recordaré que después de platicar con el «Secretario de Gobernación» el lunes 24 de noviembre, se me informó que cinco o seis detenidos serían liberados al día siguiente. Este acuerdo no se cumplió ni el martes 25 ni el jueves 27, fecha en que para cubrir los plazos legales, se había pensado liberarlos. El desgobierno podría haberlos liberado antes, pero no lo hizo justo para cuidar la ficción jurídica de que vivimos en un estado de derecho.
Al ver que las cosas se estaban empantanando, decidí hacer pública toda la negociación y lo hice en una conversación con Ciro Gómez Leyva donde nuevamente, el viernes previo a la liberación de los presos políticos volví exigir la libertad de todos. No tengo dudas de lo oportuno que fue dar a conocer todo los detalles de la negociación, detalles que hasta ahora no han sido desmentidos por el desgobierno en lo más mínimo por el simple hecho de que son ciertos.
¿Porqué los liberaron? Por la casa de Sierra Gorda 150. Porque insistí que de no cumplirse la liberación de los 11 detenidos el 20 de noviembre me instalaría a vivir en una tienda de campaña de manera permanente en la banqueta de Sierra Gorda 150 hasta que se diera la liberación de la totalidad de los presos políticos, pues había 5 o 6 detenidos que, por más que les buscaron, no encontraron evidencia alguna de actos ilegales con los cuales responsabilizarlos durante la jornada global de protesta del 20 de noviembre en apoyo a Ayotzinapa. El único “delito” que estos once manifestantes cometieron fue exigir que se presentaran con vida los 43 normalistas desaparecidos y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
El punto vulnerable en este momento del desgobierno federal es la casa blanca de Sierra Gorda 150.
No se está escuchando lo que digo: yo no buscaba la liberación de los once presos políticos mediante una negociación. Fue el desgobierno quien ofreció la liberación de los detenidos el 20 de noviembre a cambio de que no se realizara la protesta en el citado inmueble. De la misma manera que una semana antes había logrado que anunciaran que venderían el inmueble a cambio de no hacer la protesta el 16 de noviembre en Sierra Gorda 150.
Se olvida, que inicialmente haría la clausura simbólica de la Casa Blanca el 16 de noviembre y que di ocho días al desgobierno para deshacerse de esta casa. Para evitar distractores previos a la jornada del 20 de noviembre moví la protesta al domingo 23 de noviembre, ese día iba a expropiar simbólicamente el inmueble, rebautizándolo con el nombre de Normal 43 de Ayotzinapa.
El viernes 21 de noviembre, reapareció el funcionario del desgobierno de Peña para intentar que se suspendiera la expropiación simbólica de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150. No acepté su petición. El sábado 22 de noviembre volvió a insistir sobre la suspensión de la protesta y fue ahí donde surgió la posibilidad de liberar a los detenidos el 20 de noviembre a cambio de no realizarse la expropiación simbólica.
Lo que insisto en señalar es que al desobierno le pesa más una manifestación en las Lomas -en su casa, que las muchas manifestaciones que se puedan hacer en el Zócalo de la Ciudad de México. Soy más preciso para no ser mal interpretado: Manifestarse en la casa de Sierra Gorda 150 es un acto de protesta a la que Peña Nieto es sensible, es literalmente, su talón de Aquiles.
Espero que esta reflexión contribuya para ubicar las cosas en su justa dimensión y nos permita actuar de forma eficiente y contundente pues los prejuicios sobre los políticos y las ideas preconcebidas para descalificar todo lo que se mueve en torno a la política puede impedir que haya quienes no vean lo que estoy señalando.
Soy político y moriré haciendo política. Aspiro y espero que hasta el último momento de mi existencia, mi actuar en política acredite que la política es estar al servicio de los demás.
Así que volviendo al inicio de esta reflexión les digo que hoy Maxwell regresa a su país por una decisión política del desgobierno de Peña Nieto, una decisión que podríamos haber combatido de manera eficaz si reconociéramos lo obvio: que en México no se vive un estado de derecho y que los primeros en violentar la ley, en no respetarla, en burlarse de manera absoluta, discrecional y arbitraria de ella, son los «gobernantes» en turno. La paradoja es que justo la Casa Blanca de Sierra Gorda 150 es una demostración monumental de la impunidad que impera en el país y que demuestra que el primero en violar la ley es quien ocupa la presidencia la República.
“El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz”.
Gerardo Fernández Noroña. 3 de diciembre de 2014.
