Puras llamaradas de petate…
Redacción El Economista
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó suspender con fines de investigación a Alfonso Javier Flores Padilla, titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, por la probable participación comisión de las siguientes conductas:
- Abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción sin la licencia correspondiente.
- Probable recepción de contraprestaciones distintas a sus ingresos como juez de Distrito, pues se advirtió que adquirió bienes muebles e inmuebles en cantidades que no corresponden a su salario, y realizó múltiples viajes al extranjero en un breve periodo.
- Posible falta al deber de presentar con veracidad su Declaración de Modificación Patrimonial.
El CJF inició una investigación por los hechos conocidos, dentro de los que se destacan los siguientes:
Se corroboraron 31 registros de ingresos a México, a través de líneas aéreas mexicanas y extranjeras, y solamente registro de dos salidas del país, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, lo que probablemente constituya abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción sin la licencia correspondiente.
En sus declaraciones de situación patrimonial, no se cuenta con datos relacionados con las siguientes propiedades:
Un departamento adquirido en 2006; una casa en condominio ubicada en el Pedregal de San Ángel, remodelada en 2009 y una casa en el fraccionamiento “Condominios Del Bosque”, en Tlalpan, así como dos vehículos de fabricación alemana con un valor aproximado de entre un millón 83 mil pesos y un millón 400 mil pesos y, el otro, entre 698, 900 pesos y 959 mil 900 pesos.
Además, se detectó una transacción en efectivo por un monto de 41 mil dólares americanos.
Por lo que respecta a uno de sus familiares, se localizaron antecedentes de la compra de las siguientes propiedades:
- Compra, en 2009, de un inmueble por un valor aproximado a un millón 505 mil pesos.
- Compra, en 2012, de un inmueble por un valor aproximado a los 14 millones 100 mil pesos.
El Pleno del CJF determinó suspender, sin goce de percepciones, al funcionario público por el tiempo necesario que duren las investigaciones administrativas y faculta a todas las instancias internas, incluida la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para proceder a las indagatorias.
Estas acciones se inscriben en las políticas públicas judiciales diseñadas e implementadas durante la administración del ministro presidente Juan Silva Meza, para fortalecer la confianza de la sociedad en el CJF y en las y los juzgadores federales, por medio de la erradicación de conductas contrarias a la transparencia y la rectitud con las que debe conducirse todo servidor público.
