Norma Trujillo Báez
La Jornada
Con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y hoy llamado Fanar (Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar) sólo se quiere dividir a las comunidades ejidales, pero sobre todo para despojar a las personas de sus tierras, acusó Franklin Rendón consultor en desarrollo ambiental sustentable.
En entrevista, dijo que el reordenamiento de país a través de normas como el Procede ha traído un conflicto y está siendo utilizado para sembrar discordia, para sembrar inquietud, pero sobre todo para despojar a las personas y comunidades del recurso más fundamental que es el recurso de la tierra, “hay que recordar que la tierra siempre ha sido motivo de todas las luchas que tenemos aquí en México”.
Rendón González sostuvo que las políticas utilizadas son políticamente inviables que poco ayudan al presidente de México, se está llevando una agresión a las comunidades como la del río Huitzilapan (Los Pescados) en donde la Procuraduría Agraria se está entrometiendo.
“Cómo es posible que a través de la aplicación de un procedimiento de certificación de derechos se siembre cizaña, conflicto, eso no está bien con todas las modificaciones que se están haciendo a raíz de los conflictos de Guerrero van a haber sanciones para aquellos que están induciendo regresión y despojo como es el caso de la Procuraduría Agraria”.
La certificación de las tierras puede dañar mucho dada las condiciones actuales hay un estudio de la dirección de forestación y señala que hay una fuente brutal de conflicto y deterioro, cada quien hace con la tierra lo que quiere, sobre todo sin ningún dictamen de carácter ambiental o ecológico.
Sin embargo parece que eso no preocupa, y por el contrario los funcionarios –el delegado de la Procuraduría Agraria, Cirilo Rincón y las entidades– porque están creando una situación que puede ser sumamente peligrosa no sólo para el estado de Veracruz, sino para el país. Además de que está en contra de la voluntad de las personas de las familias de los jóvenes que viven ahí.
Los ejidos deben ser inviolables, entonces al haber una intromisión de autoridades en un ejido, se podría estar abriendo inconscientemente la puerta a una situación muy delicada porque el fondo es proceder a legalizar la aplicación del Procede, a la modificación del derecho, esto no es viable o no es aconsejable romper la unidad ambiental de la tierra.
Si la intención es dividir a la comunidad a partir de repartir los certificados y con ellas pretenden ver y aprovechar este recurso para una entidad privada, eso habla de una violencia, en Veracruz no está bien que se separen las parcelas deben buscar recursos para qué se haga un programa de reforestación y ahorita está el apoyo a la comunidad de Petróleos Mexicanos a través del Pacma (Programa a la Comunidad y el Medio Ambiente) para la cuenca de Los Pescados.
