Redacción Proceso
HERMOSILLO, Son. (apro).- Por decreto gubernamental, los pobladores de los siete municipios afectados con el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi quedarán exentos de toda contribución en 2015.
Con esa medida, más de 8 mil contribuyentes ribereños no pagarán impuestos por expedición de placas, licencias de manejo o actas de nacimiento.
También quedarán exentos de las contribuciones estatales sobre traslado de dominio, revalidación de licencias para venta de alcohol y el pago de 2% sobre nómina al que están obligados agricultores y ganaderos de la región.
De acuerdo con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, la determinación de decretar la exención fiscal se debe a que el derrame de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, afectó las actividades económicas en la zona.
El decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, una vez que se publique en el Boletín Oficial del gobierno del estado de Sonora, “y se mantendrá hasta que la Secretaría de Hacienda considere que se hayan normalizado las actividades productivas afectadas”, puntualizó el mandatario estatal.
Por separado, el subsecretario de Ingresos, Gerardo Encinas, detalló que el Decreto de Estímulos Fiscales representa un ahorro de 50 millones de pesos directo al bolsillo de los 25 mil pobladores afectados.
“Entre los beneficios más importantes para los ciudadanos del río podría estar la adquisición de la licencia de conducir permanente, que será expedida en 2015 y tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos, pero por la entrada en vigor de este decreto será totalmente gratuita para los habitantes de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures”, puntualizó.
[¿Y luego cómo van a compensar esos ingresos para el Estado? Pasando las «elecciones» se los aumentan para que acaben pagando el doble de lo que ahorita les están «exentando». ¿Y el criminal Germán Larrea? Risa y risa.]
Detalló, asimismo, que los contribuyentes ribereños podrán hacerse acreedores a ese beneficio con sólo acreditar su residencia en la zona afectada por el derrame de 40 millones de litros de metales pesados y sulfato de cobre acidulado, el pasado 6 de agosto.
