Felipe P. Mecinas
E-Consulta
Izúcar de Matamoros, Pue.- Por discriminación, hostigamiento, malos tratos y amenazas en contra de internas del Cereso de Izúcar, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López Badillo, emitió la recomendación 27/2014 dirigida al actual presidente municipal de Izúcar, Manuel Madero González, por hechos registrados en la administración anterior.
De acuerdo con el expediente 4125/2014-1 y sus acumulados, el entonces coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo, así como las oficiales del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, cometieron violaciones a los derechos humanos de al menos siete mujeres, principalmente en contra de una pareja de internas, por sus preferencias sexuales.
Con fundamento en la queja de una de las afectadas, se supo que en agosto del 2013, fue llamada junto con su pareja a un aula escolar ubicada al interior del área femenil, donde un comandante le recriminó su relación sentimental y les exigió terminarla, amagándolas con cambiarlas de Centro de Reinserción Social, una a Tepexi de Rodríguez y otra a Zaragoza, además de «aventarles un proceso» para incrementar el tiempo de encarcelamiento.
Asimismo, la segunda afectada «manifestó que cuando ingresó al Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, le presentaron a la interna TA1 como la líder, quien le regaló una blusa y pantalón, los cuáles le retiró porque se negó a acceder a la petición que ésta le realizó, de tener relaciones sexuales» con otro de los comandantes, por lo que acuso intento de prostituir a las reclusas.
Posterior al escrito enviado a la CDH, un grupo de cinco internas más mandaron sus quejas al organismo y a la Dirección de Ceresos para exigir mejores tratos y un alto a las agresiones verbales y psicológicas en su contra.
En su mayoría acusaron que el comandante sostenía una relación sentimental con una de las internas a quien señalan como la líder del área femenil, quien por esa situación recibía privilegios y permisos especiales al igual que un grupo de sus allegadas.
Indicaron que las autoridades penitenciarias, le permitían el ingreso de objetos no autorizados como maquillaje, ventiladores, planchas para el cabello, pantalones entallados, blusas escotadas, teléfonos celulares, así como el no realizar labores de aseo y permitirles relacionarse con la población interna masculina, conllevando todo lo anterior a la división de la población femenil.
A decir de las quejosas el comandante también era familiar del director, quien en algún momento habría solicitado «que ya no procediera en contra de éste, que él se iba a encargar para que ya no se metiera con ella y que le iba a quitar los reportes de su expediente».
Despiden a director y subalternos
Al respecto, el entonces director del Centro de Reinserción Social de Izúcar, al rendir los informes solicitados por el organismo, sobre las inconformidades, negó los hechos, argumentando que los actos reclamados eran falsos e inexistentes,luego afirmó enfáticamente que en ningún momento, el personal operativo del centro penitenciario vulneró o violentó los derechos humanos de las quejosas.
Posteriormente, el edil determinó separar del cargo al director, al subdirector y al jefe de grupo, iniciándose procedimiento administrativo ante la Contraloría Municipal.
Asimismo, el síndico municipal comunicó al director, subdirector y al coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de custodios del Centro de Reinserción Social la suspensión temporal de sus labores, en razón de que se inició en su contra procedimiento administrativo de responsabilidad.
Acredita CDH violaciones a los derechos humanos
Derivado de las quejas documentadas en el expediente citado, la CDH acreditó las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno en contra de internas del penal de dicho municipio.
De igual modo, corroboró que otras internas del centro penitenciario también fueron víctimas de la misma situación por parte del ex director del Cereso, tal como quedó asentado en los expedientes 4193/2014-I, 4355/2014- I y 5241/2014-C.
Derivado de estos hechos, la Comisión emitió los siguientes puntos recomendatorios al presidente municipal, a pesar de que los hechos ocurrieron en la administración anterior, la actual deberá dar respuesta a los mismos:
Primero, que se instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a las internas afectadas, proporcionando la atención médica y psicológica que requieran.
Segundo, que se brinde al personal administrativo y de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, capacitación al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, igualdad, integridad y seguridad personal y trato digno.
Tercero, emitir una circular a través de la cual se reitere la instrucción al personal administrativo y de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados internaciones suscritos y ratificados por el estado mexicano y sobre todo se abstengan de realizar actos que atenten contra la integridad y la seguridad de las personas.
Cuarto, se pide a la autoridad municipal su colaboración amplia con esta Comisión en el trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros, en contra de la oficial de Seguridad y Custodia que participó en los hechos, así como en contra del encargado del Área de Informática por la expedición de la credencial en la que se autorizó la visita de una ex interna.
Quinto, colaborar con la CDH Puebla en el trámite de la denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra del jefe de grupo de Seguridad y Custodia, del subdirector del centro penitenciario y las oficiales, así como del ex director del Centro de Reinserción Social quienes intervinieron en los hechos.
Del cumplimiento de los cinco puntos recomendatorios, la autoridad correspondiente deberá enviar evidencias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que demuestre su acatamiento.
