Verónica Espinosa
Proceso
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (apro).- La urgencia del «gobierno» federal de presumir a México en el espectro internacional como un país con paz social y laboral, atractivo para las inversiones extranjeras, en suma, está resultando mucho más costoso de lo imaginado para los estados receptores de las inversiones trasnacionales.
En el caso de esta entidad, los compromisos acordados por el gobernador Fernando Toranzo en julio pasado con la automotriz alemana BMW ya se empiezan a notar: aumentaron el endeudamiento estatal e impactarán a las finanzas locales en las siguientes administraciones.
Además de los montos económicos pactados con cargo al erario estatal en el convenio suscrito el pasado 4 de julio, un día después de que Peña Nieto anunció la inversión en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos, las especificaciones y alcances de las cláusulas del documento –del cual Apro tiene una copia— reflejan una total rendición a las condiciones deseadas y exigidas por la firma alemana de autos de lujo.
La suma de los diversos rubros que el gobierno del estado deberá cubrir para satisfacer al 100% los requerimientos previstos rebasa los 3 mil millones de pesos. Pero hay una serie de conceptos no cuantificados de largo alcance: la exención del pago de la totalidad del impuesto predial al municipio de Villa de Reyes –en cuyo territorio se instalará la planta armadora- durante los siguientes 10 años, que estarían sumando otros cientos de millones de pesos que impactarán en las finanzas del propio estado y del municipio.
Peor aún: El acuerdo establece que ante cualquier situación imprevista, de riesgo o inconveniente a criterio de la empresa, ésta simplemente notificará por escrito al gobierno estatal y cancelará el acuerdo y la inversión, prácticamente sin obligación de reintegrar o revertir la propiedad del terreno de 300 hectáreas adquirido por el estado para la instalación de la planta, ubicado en el parque industrial Logistik II, en el municipio de Villa de Reyes, al sur de la capital potosina.
Estos requerimientos explican de alguna manera el retiro de gobierno como el de Querétaro que inicialmente pujaron por llevarse la inversión alemana.
Ya desde diciembre del año pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Querétaro, Marcelo López Sánchez, declaraba “haberle perdido la pista” al proyecto de inversión, debido a los requerimientos “imposibles” que pedía la empresa alemana para establecerse en alguno de los estados interesados, entre los que figuraban Puebla, Guanajuato, Hidalgo, San Luis y el propio Querétaro.
“Para ser sinceros nosotros sabemos que estamos lejos de una posibilidad con la planta por el nivel de negociación que tenemos y contacto podemos decir que es difícil que el proyecto pueda aterrizar en la entidad”, declaró el funcionario queretano a los medios, tras lo cual reveló las razones:
“Se nos complica entrar a una donación de predios de 400, 500, 600 hectáreas”, dijo, al explicar que, de acuerdo con los estudios costo-beneficio efectuados por su dependencia, la inversión no resultaba viable para la administración estatal del también gobernador priista José Calzada, quien igualmente se encuentra en su último año del sexenio.
Mientras en Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle habría otorgado ya incentivos y compromisos cercanos a los 8 mil millones de pesos para la planta de otra automotriz, Audi, en Guanajuato el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez contrajo en el 2012 un endeudamiento superior a los 2 mil millones de pesos para cumplir ofrecimientos convenidos con armadoras como Mazda y Honda, entre otras.
Algunos de esos acuerdos, por cierto, “se los heredó” su antecesor Juan Manuel Oliva Ramírez.
El convenio marco entre el gobierno de San Luis Potosí y la BMW, según los documentos en poder de Apro, obliga a las autoridades estatales a ceder todo: preparar y nivelar los terrenos; diseñar y construir un sistema de calles de acceso a la planta; fabricar una conexión férrea; hacer una donación para el Centro de capacitación de la BMW (terreno y aportación económica); 2 mil becas de capacitación; becas escolares de licenciatura; equipar la sala de emergencia; invertir en los terrenos para la infraestructura de transporte, y garantizar los derechos de paso.
Todas estas obras y aportaciones implican una erogación de aproximadamente 3 mil 017 millones de pesos.
A esta cantidad hay que agregar otros gastos cuyos montos no están estipulados claramente en el convenio. Por ejemplo, el pago de oficinas provisionales por los 36 meses siguientes a la firma del acuerdo; pago de dos traductores; apoyo para transporte a becarios –por la irrisoria cantidad de 20 pesos mensuales a cada becario para este rubro-; autorizaciones ambientales, estudios de impacto, licencias, exenciones de pago del Impuesto sobre la Nómina y del Impuesto predial por los siguientes diez años.
En este último paquete, el acuerdo establece que el gobierno del estado debió entregar a los representantes de la BMW el acuerdo del cabildo del municipio de Villa de Reyes por el que se aprobó la exención del pago del predial.
Asimismo se compromete a hacer su mayor esfuerzo para que el gobierno federal cumpla con los apoyos ofrecidos, básicamente para algunas obras de acceso y capacitación.
También afirma que cuenta con todas las facultades y recursos necesarios y suficientes para la ejecución del convenio y no necesita de autorizaciones de otro poder o instancia para ello.
En tanto que la empresa establece que de existir interés por ampliar el proyecto –específicamente con una planta de motores que podría instalarse en un predio anexo de 40 hectáreas-, el gobierno estatal deberá ofrecer las mismas condiciones establecidas en el compromiso actual, mientras que los mil 500 empleos directos que está garantizando serán vigentes una vez que la planta se encuentre “completamente terminada y en pleno desarrollo de operaciones” lo que ocurriría a fines del 2019.
Aunque esta ampliación será decidida “a entera discreción” por la BMW, el gobierno estatal se obliga a gestionar la adquisición del terreno para la planta de motores, cubrir el costo, realizar y pagar los estudios de viabilidad de la construcción y operación requeridos, y más allá, de no resultar éstos a satisfacción de la empresa, efectuar otros y cubrir el costo que tengan.
En caso de que surja algún cambio en leyes o reglamentos que impacten negativamente en los beneficios económicos o incentivos recibidos por la marca germana, el gobierno se compromete a entregar un recurso o incentivo equivalente o igual al eliminado.
Finalmente, según las condiciones a las obligaciones de la empresa, la instalación de la planta estará sujeta al desarrollo del mercado de demanda, la situación de la industria “y el ambiente económico”, y en esta ambigüedad, una de las causales para la cancelación del convenio sería “por razones que se encuentren fuera del control de BMW, incluyendo pero no limitado a un ambiente general de negocios en México, cambios en las estructuras fiscales, de negocios o de empleo que afecten la viabilidad del proyecto, lo anterior a entera discreción de BMW”.
Eduardo Martínez Benavente, abogado y activista en materia de transparencia, dice en entrevista que las cláusulas del convenio suscrito con la trasnacional alemana son “leoninas”.
Desde que supo que el gobierno estatal le abriría las puertas a la BMW, el litigante potosino advirtió en su portal Proyecto Tábano y en sus columnas que pugnaría para que el convenio se hiciera público a fin de conocer la oferta hecha por el gobierno de Toranzo para amarrar la inversión, así como la parte que asumiría el gobierno federal como respaldo y las condiciones expresas de la propia marca alemana.
“Se trata de una operación que compromete las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones””, dice.
Las gestiones que hizo en transparencia no prosperaron. El Comité de información de la Secretaría de Desarrollo Económico, que preside el propio titular de la dependencia, Fernando Macías Morales, resolvió reservar la información, de acuerdo con el oficio 014/2014con fecha del 11 de julio último.
Entre otros, estos fueron sus argumentos:
“La publicidad de la información que se solicita, el Convenio Marco celebrado entre el Gobierno del Estado y la empresa BMW SLP, S.A. DE C.V., así como sus anexos y la carta de incentivos que se propusieron a la citada empresa, afectaría el proceso de formalización con la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., de los demás actos jurídicos que aún están pendientes por realizar; igualmente, afectaría las negociaciones que el Gobierno del Estado está llevando a cabo con otras empresas, posibilitando diversas prácticas desleales en la atracción de la inversión y toma de decisiones, ya que las empresas prospectas o que actualmente están en pláticas con este Gobierno, podrían exigir los mismos incentivos que se ofrecieron a la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., por parte del Gobierno del Estado, cuando dichos apoyos varían según la empresa de que se trate, esto es, el Estado otorga ciertos incentivos a la empresas de acuerdo a la naturaleza del proyecto que se presenta al Estado, quien este último, tomando en cuenta la inversión y la generación de empleos y el impacto económico que deja la empresa en nuestra Entidad, determina el nivel de apoyos e incentivos en las proporciones y de acuerdo a los presupuestos con los que el Estado cuenta.
Ante la negativa gubernamental de revelar las cláusulas del convenio, el abogado interpuso un recurso y en la entrevista con Apro señala cuáles son las disposiciones que se infringieron al ponerle candado al documento.
“La Constitución del estado, en su artículo 70, establece la obligación de publicar todo tipo de convenio, ley, reglamento o circular que se celebre en el Periódico Oficial del estado para que tenga validez o surta efecto. Sólo por este artículo, ya que los acuerdos de reserva o la Ley de transparencia no pueden estar por encima de la Constitución, este convenio debe ser público”, indica.
Falsas expectativas
“Somos un país que tiene un ambiente y un clima de negocios favorable para atraer inversiones; tenemos políticas económicas que favorecen precisamente las inversiones; un clima de armonía y paz laboral; capacidades y habilidades en el capital humano. La conjunción de todos esos factores está favoreciendo a que México sea un destino cada vez más accesible y más rentable para la inversión extranjera y nacional”, declaró el Peña Nieto el pasado 3 de julio al anunciar la llegada de BMW a San Luis, con una inversión de al menos mil millones de pesos.
En el evento, el sujeto presumió que fue “después de haber hecho un análisis del mundo entero” que la fabricante germana había optado “por depositar su confianza en México”, específicamente en San Luis como la opción más competitiva, y que ésta y otras inversiones del ramo automotriz “acreditan la confiabilidad del país” ante los ojos del empresariado mundial.
En ese momento se conoció que la nueva planta generará mil 500 empleos directos; que comenzará sus operaciones en el 2019, y que tendrá capacidad para producir 150 mil unidades cada año, para los mercados nacionales y de exportación.
En su discurso, Peña Nieto elogió la gestión del gobernador Fernando Toranzo –quien en los primeros meses del año había efectuado al menos dos viajes a Alemania con un grupo de funcionarios, con la agenda dedicada a la BMW- y todavía, le dijo que la operación de la planta “permitirá que San Luis Potosí se integre a esta conjunción de esfuerzos que en todo el país estamos realizando” para impulsar el desarrollo económico y social.
Sin embargo, el convenio marco entre la empresa alemana y el gobierno potosino no se firmó sino hasta el día siguiente. Así lo confirmó la Secretaría de Desarrollo Económico, en un acuerdo de reserva por el que negó dar a conocer el documento a través de la Unidad de información pública, en respuesta a la solicitud hecha por el abogado Eduardo Martínez Benavente.
Catorce días después, el 18 de junio, se firmó el contrato para formalizar los estímulos e incentivos asentados en el convenio general.
En su análisis, el abogado Martínez Benavente considera significativo que en su momento las autoridades de Querétaro se hayan “bajado” de la competencia por la planta de la BMW y aludieran a los miles de millones de pesos que condicionaban la misma, que esa entidad no quiso comprometer por no tener capacidad para ello.
Aparentemente, dice, Fernando Toranzo fue presionado por el Peña Nieto para formalizar la instalación de la planta de BMW, pese a que en términos reales cada empleo generado le costará al gobierno estatal alrededor de 2 millones de pesos, según los incentivos a que se obliga el estado.
Encima de todo, para hacer frente a las primeras fases del convenio, Toranzo pidió al Congreso del estado autorización para contraer un préstamo por 750 millones de pesos, permiso que le fue otorgado con los ojos cerrados, puesto que sólo transcurrieron tres días entre el día en que fue turnada la solicitud a las comisiones de Hacienda y Gobernación, y éstas elaboraron el dictamen dando luz verde al Peña, el cual fue aprobado por el pleno en la siguiente sesión.
Martínez Benavente critica:
“Los diputados tienen la facultad legal de solicitar toda la información necesaria sobre un tema como el endeudamiento del estado y no lo hicieron. No revisaron todo el paquete de estímulos y exenciones y le aprobaron a Toranzo sin saber qué compromisos implican. Son unos facilitadores irresponsables”.
Asimismo refiere que, como parte de sus obligaciones, el gobernador debió incluir el compromiso de BMW en el informe trimestral de octubre, y no lo hizo.
En cambio, a principios de noviembre, Toranzo anunció que no dejaría compromisos financieros que afecten las finanzas públicas de la próxima administración. El préstamo de 750 millones, subrayó, “se pagará solo”.
“Toranzo debe estar desesperado por no poder ofrecer nada en materia de obra pública y necesitaba presumir algo importante –advierte el abogado Eduardo Martínez Benavente. Pero este acuerdo (con BMW) es una rendición incondicional”.
