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Río de Janeiro. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su ministro de Hacienda, Guido Mantaga, integran una lista de 11 personas citadas en un proceso judicial que impulsa la ciudad estadounidense de Providence, capital del estado de Rhode Island, contra la estatal brasileña Petrobras.
Todos están mencionados en calidad de «personas de interés para la acción» y no como acusados. Se les cuestiona el haber firmado publicaciones que sirvieron de base para la adquisición, por parte de inversionistas, de los títulos de deuda llamados American Depositary Share (ADS) y que causaron pérdidas a quienes los adquirieron como consecuencia de la red de corrupción que se reveló en marzo de este año.
Según informa hoy el diario «O Estado de Sao Paulo», también están citados el ex presidente de Petrobras Sérgio Gabrielli, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) Luciano Coutinho, la ministra de Planificación Miriam Belchior, los ex ministros de Minas y Energía Silas Rondeau y Márcio Zimmermann, y el ex presidente del Tribunal de Cuentas Marcos Sérgio Quintella, entre otros. «Por la ley americana, dependiendo del desarrollo de la acción, del surgimiento de nuevos hechos, de las pruebas que se vayan adjuntando a los autos, los abogados pueden pedir al juez que estas personas sean llamadas a declarar o incluso transformarlas en acusados», dijo el abogado estadunidense James Munisteri, del bufete de abogados Gardere, de Texas.
El abogado agregó que las personas consideradas «de interés para la acción», pueden ser acusadas formalmente en caso de que quede comprobado que sabían que las informaciones dadas a los eventuales compradores eran falsas, o que se confirme que actuaron con grave neglicencia, al firmar los informes sin leer a fondo su contenido.
Asimismo, el viernes se supo que la actual presidenta de Petrobras, Graça Foster, y otras autoridades que integraron el Consejo de Administración de la petrolera, están citadas en este proceso como acusados.
Además de Foster, están procesados el director financiero del ente, Almir Barbassa, tres funcionarios de la estatal, 11 ejecutivos de empresas subsidiarias y 15 bancos vinculados a la emisión y venta de papeles de la petrolera.
El proceso impulsado por Providence es la cuarta acción legal colectiva iniciada este mes en Estados Unidos contra la petrolera, inmersa en un escándalo de corrupción desde marzo, cuando un ex director relató a la policía la existencia de una red ilegal que desvió entre 2004 y 2012 unos 3.900 millones de dólares.
Los demandantes en todas las acciones alegan haber sufrido perjuicios porque los papeles comprados perdieron valor a raíz de las denuncias de corrupción.
También acusan a Petrobras de haber puesto en riesgo el dinero de los inversionistas, en forma deliberada, por no haber informado sobre los actos de corrupción denunciados, de haber inflado los valores de activos de su balance para ocultar el recibo de sobornos, y de haber incluido informaciones engañosas y poco precisas en los informes que se distribuyó a los inversionistas ofreciendo los bonos.
Además de Petrobras, Providence imputó a sus subsidiarias en el exterior Petrobras International FinanceCompany, con sede en Luxemburgo, y Petrobras Global FinanceBV, con sede en Holanda. Ambas fueron las encargadas de emitir los bonos vendidos en el exterior.
